La Asociación Colombiana de Minería (ACM) recibió la expedición del Decreto 044 de 2024 suscrito por los ministros de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la cuela expresó una “profunda preocupación y desconcierto”, e indicó que pone en alto riesgo al sector minero.
De acuerdo con el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, esta normativa “pasa por encima de normas legales y constitucionales y que puede ser usado de manera arbitraria y subjetiva para impedir el desarrollo de nuevas actividades mineras, teniendo en cuenta que permite la declaración de áreas de reserva de recursos naturales y la suspensión de la minería en dichas áreas”.
Todo lo anterior, de acuerdo con Nariño, sin contar previamente con estudios, ni criterios técnicos. “Amparándose únicamente en un principio de precaución que hoy según la jurisprudencia, no debe entenderse de esa manera”.
La ACM expresó que este decreto, al ser un acto administrativo de rango inferior, no puede modificar una norma de rango legal, como el artículo 34 del Código de Minas, pasando por encima del trámite legislativo requerido.
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“La norma es ambigua y genera alta incertidumbre respecto a su impacto en proyectos en ejecución. Por lo tanto, pedimos al Ministerio de Ambiente aclarar si esta norma respetará los derechos adquiridos válidamente a través de títulos mineros ya existentes”, agregó el líder gremial.
Otro aspecto que le preocupa a la Asociación es que la norma desconoce la autonomía de las autoridades territoriales, y con esto, los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad.
Además, anula por completo la autonomía y competencias en materia ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Adicionalmente, “desborda las órdenes dictadas por el Consejo de Estado en la sentencia sobre titulación minera de 2022 y crea criterios para delimitación que no están en la ley”, reiteró Juan Camilo Nariño de la Asociación Colombiana de Minería.
Pese a que el proyecto recibió más de 400 comentarios y solicitudes de ajustes, no se aprecia que estos hayan sido reflejados en el Decreto expedido, así como tampoco se generaron los espacios de diálogo y participación técnicos necesarios.
La Asociación hizo un llamado urgente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que informen a la opinión pública el verdadero propósito detrás del Decreto, en especial a las comunidades de los territorios mineros que hoy derivan su sustento y su desarrollo de esta actividad.
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“El Gobierno Nacional no puede olvidar que la minería formal representa el 3 % de la economía nacional, más de $20 billones en aportes en renta, regalías y otras contribuciones, más de $1 billón en inversiones ambientales y sociales, emplea a más de 900 mil personas de manera directa e indirecta y constituye el 56 % del PIB de La Guajira, el 44 % del Cesar, el 4,2 % de Córdoba y el 3,2% de Antioquia”, destacó la entidad.
El presidente de la ACM también recordó que más del 60 % del presupuesto de inversión en los municipios mineros –en algunos casos incluso hasta el 90 %- dependen de la actividad minera.
Nariño anotó, además, que en conversación con el ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, se acordó instalar una mesa de dialogo con el sector minero que busca entender el alcance y ámbito de aplicación de este decreto.
