La Contraloría General de la Nación emitió declaraciones sobre el sistema de salud y su estado actual, esto luego de investigaciones que adelanta la entidad a las carteras de la EPS y los giros a las IPS.
En primer lugar, la entidad profirió dos fallos de responsabilidad por un monto de $9.355 millones en contra de SaludCoop y Guillermo Grosso, en su calidad de agente especial interventor de la EPS.
Los dos fallos de responsabilidad fiscal se generan, de acuerdo con la Contraloría, por irregularidades encontradas en suscripción y pagos de contratos de prestación de servicios, de obra y de promesas de compraventa, que no guardaban relación con el objeto social de la EPS, así como desembolsos que carecían de relación con la cobertura y provisión de servicios de salud.
La Contraloría en su ejercicio de analizar el estado de las EPS advirtió la ineficiencia de las acciones desarrolladas y los recursos invertidos para la puesta en marcha del Sistema de Salud Indígena (SISPI).
Ya que han sido tres Planes Nacionales De Desarrollo los que han propuesto e incumplido metas para estructurar dicho programa.
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No hay riesgo de liquidez del sistema de salud: Contraloría
En relación con la situación financiera de las EPS y los pagos realizados a IPS y proveedores hasta octubre, según los informes presentados por las EPS, se identificaron ciertas consideraciones.
En primera instancia, la Contraloría informó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) tiene una deuda con el sistema de giros de la UPC por valor de $13 billones, ha girado a octubre $64 billones.
“Es decir, los giros de la UPC se vienen realizando con regularidad por parte de la Adres a las EPS y a las IPS en caso de los giros directos”, dijo Zuluaga.
Y agregó, “de tal manera que no hay riesgo de liquidez del sistema. El primer mensaje es que la Adres está al día con los giros al 31 de octubre (…) bajo el modelo jurídico vigente, no existe hoy ninguna posibilidad de que las EPS nieguen el servicio de salud a los colombianos”.
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El vicecontralor llamó la atención ante la práctica de anticipos, “extraño que esos giros de anticipos se hagan a IPS que pertenecen a las propias EPS y no a las IPS públicas”.
Otra alarma que se prendió fue el modelo de contratación, donde están incurriendo algunas EPS. La ley establece que las promotoras de salud pueden contratar hasta un 30 % del servicio con su propia red, no obstante, el tope se ha superado.
Un caso es el de Famisanar, actualmente bajo investigación, ya que para el periodo fiscal del 2022 cubrió el 45 % del gasto médico, y con corte a octubre registra un 44,9 %.
“Este estudio por parte de la Contraloría es solamente una primera pincelada de lo que va a continuar siendo el trabajo de investigación riguroso, minucioso, que está adelantando la Contraloría a través de sus equipos auditores”, dijo Zuluaga.
Y añadió, “es posible afirmar que la deuda reconocida y liquidada y, por tanto, representada en factura radicada asciende hoy a $9,8 billones con corte octubre del 2023 para los regímenes contributivos y subsidiados”.
Así las cosas, la Contraloría ha decidido hacer visitas especiales para esclarecer la situación donde el giro es mayor al costo médico, tal y como ya se hace con la Nueva EPS que tiene $1,5 billones sin justificar.
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