Las tarifas de los peajes en Colombia no subirán en lo que resta de 2023, según confirmó este jueves el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El funcionario dijo en Blu Radio que el alza entró en revisión en el Gobierno Nacional, por cuenta de los efectos que podría tener en la inflación y el bolsillo de los colombianos.
“Es una reflexión en el Gobierno de mirar qué tenemos que hacer en el momento, porque no podemos poner todo al tiempo”, dijo el ministro de Hacienda al hablar de distintas medidas del gobierno Petro.
Entre estas, también se encuentran las subidas que se vienen presentando en los precios de la gasolina y lo que se espera para 2024 en materia de diésel.
¿Por qué ya no subirán las tarifas de peajes en Colombia?
Con esto en mente, el gobierno Petro, en cabeza del propio presidente, pidió frenar la subida de tarifas de peajes en Colombia.
“El aumento de peajes lo estamos evaluando porque eso significaba hacer un incremento ahora y otro en enero”, afirmó el ministro de Hacienda, en referencia a las dos alzas previstas en los borradores de decreto y resolución que publicó el Ministerio de Transporte.
Y añadió: “Queremos valorar eso (el golpe), porque no queremos que se nos dispare a inflación y tampoco que tengamos una afectación en la estructura económica mayor a la que ya tenemos”.
En todo caso, fue enfático en que le dijeron al ministro William Camargo que una doble subida de tarifas de peajes -entre diciembre de 2023 y enero de 2024- “es contraproducente”.
Y, por ende, se está analizando que el incremento sea uno solo, el cual se realizaría el próximo año.
En todo caso, para la industria quedan dudas sobre el efecto de reversar esta medida, teniendo en cuenta que no se sabe en cuánto podrían ajustarse los peajes, ni qué pasará con la nueva alza que se debe realizar nuevamente en 2024, que compense la inflación de 2023.
Dudas por tarifas de peajes en Colombia
Según Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, el congelamiento del IPC de 2022 impidió que los concesionarios actualizaran las tarifas de peaje según lo estipulado en sus contratos, lo que llevó a un estado financiero precario para muchas concesiones.
“Según la ley colombiana, los recursos recaudados por peajes deben usarse para pagar las inversiones de los concesionarios, y cualquier variación en las reglas establecidas en los contratos genera responsabilidad para las entidades y los funcionarios involucrados”, añadió.
En ese sentido, para los contratos de asociación público – privada (APP), donde los concesionarios solo reciben pagos una vez se concluyen las obras, esta situación es aún más crítica.
Esto, por cuenta de que los proyectos se hacen realidad con base en las tarifas de peaje y, por ende, su congelamiento “ha afectado seriamente la operación de estas concesiones, algunas de las cuales han tenido que asumir sobrecostos para cumplir con sus obligaciones”.
Por su parte, María Lucía Amador, directora de la práctica de infraestructura, transporte y financiación en la firma Mendoza Abogados, dijo hace unos días en Valora Analitik que estas medidas generaron un desinterés de inversionistas en Colombia.
«El desfase en el modelo financiero este año fue significativo y lo primero que generó esto fue la preocupación de los prestamistas de los contratos, quienes estaban mirando a ver qué había pasado», dijo.
Y añadió: «Esto trajo como consecuencia un tema de cara a las 5G y un desinterés de los financiadores e inversionistas de participar en estos proyectos, pues tenían incertidumbre de qué iba a pasar».
