La terna para elegir al nuevo fiscal general de la Nación propuesta por el presidente Gustavo Petro se ha encontrado con obstáculos jurídicos como una acción de tutela.
Petro presentó ante la Corte Suprema de Justicia una terna conformada por la exmagistrada Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, pero el magistrado de la Corte, Gerardo Botera, radicó una acción de tutela.
Según Botero la terna violaba la igualdad y la equidad de género por solo estar conformada por mujeres. Además, el magistrado solicitaba suspender el proceso de elección, pero el Consejo de Estado negó esta petición.
Por ello las postuladas por el mandatario a reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal general fueron citadas por la Corte Suprema a ser escuchadas en una audiencia pública el 23 de noviembre.
¿Qué sigue después de la audiencia para la terna fiscal?
Petro resaltó en la carta entregada al presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, el pasado 26 de septiembre, que las tres “cumplen a cabalidad los requisitos constitucionales exigidos por el artículo 249 de la Constitución Política para ocupar dicho cargo”.
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Por ello, una vez finalice la audiencia de la Corte, el proceso para elegir a la más adecuada para el cargo será durante diciembre y enero; en febrero 13 saldrá Barbosa de su cargo y deberá posicionarse la nueva fiscal.
Cabe destacar que Camargo trabajó con el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y Amparo Cerón salió de la primera terna presentada por Petro por estar involucrada en el caso Odebrecht.
Ángela María Buitrago es especialista en derecho penal de la Universidad de Salamanca, en derecho penal y ciencias criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, magíster en derecho penal y doctora en derecho y en sociología de esta misma Universidad.
Además, es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia en derecho penal.
Mientras que Amelia Pérez durante muchos años se desempeñó como fiscal en diversos casos, incluyendo el que investigó el atentando al Club El Nogal, en Bogotá.
Así mismo, se ha desempeñado como juez de instrucción criminal, pero salió del país hace varios años tras recibir amenazas y amedrantamientos por su trabajo con enfoque de derechos humanos.
