El gremio de taxistas en Colombia lleva años tomando acciones legales con diversas entidades para acabar con las plataformas de transporte como Uber o DiDi.
Diversos líderes del gremio taxista han entablado conversaciones con los ministros de Transporte, el presidente Gustavo Petro, entre otros destacados actores del gobierno para poder acabar con esta competencia.
Según los taxistas, Uber y otras plataformas operan de manera ilegal en Colombia, y por ello no deberían prestar servicios para transportar a usuarios, ya sea en vehículo particular o en motocicleta.
Desde hace años este gremio ha realizado diversos paros nacionales, donde interceptan principales avenidas y calles para que el gobierno se siente a escuchar sus peticiones y puedan negociar.
Sin embargo, esta lucha no la han logrado ganar debido a que Cotech, (operador de Taxis Libres) interpuso una demanda contra Uber fuera del plazo legal, como lo indica la Corte Suprema de Justicia.
La Corte recogió el argumento del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con la que ordenó, en 2019, que Uber no operara más en el país.
La sentencia indica que la Corte Suprema no casó, es decir, no revirtió la sentencia de la Sala Civil del mencionado Tribunal del 18 de junio de 2020.
Sin embargo, como es una decisión en última instancia, no podrá ser apelada. Por tanto, la aplicación de transporte ganó el pulso legal con los taxistas.
Cabe destacar que esa era su última oportunidad para derribar a Uber y otras plataformas, con las cuales trabajan 10.000 ciudadanos en los días que no tienen pico y placa y durante los fines de semana.
Así ha sido la pelea de taxistas vs Uber
El exministro de Transporte, Guillermo Reyes, les había ‘prometido’ a los taxistas a mediados de febrero revisar la legalidad de la operación de estas plataformas y tomar cartas en el asunto, pero no lo realizó.
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Además, Gustavo Petro, en enero de 2023 sugirió radicar un proyecto de ley en la Superintendencia de Transporte para que DiDi, InDriver, Picap y otras apps no pudieran operar ya que “atentan de manera directa contra la eficiente prestación del servicio de transporte público esencial y configuran una competencia desleal”.
Pero, el proyecto se cayó debido a que miles de conductores se quedarían sin empleo y además, los usuarios no tendrían muchas opciones para movilizarse en su día a día.
Actualmente la Corte Suprema esgrimió que “desviar clientes de una actividad, prestación o establecimiento a otro es lícito, válido y adecuado, por tanto, solo se sancionan aquellas conductas que logren o busquen inmiscuirse en la esfera de decisión de los clientes por medios insanos”.
Sobre ese cargo, el alto tribunal indicó que, en todo caso, los actos de competencia desleal, como los expuestos por Taxis Libres, prescriben luego de dos años desde que se identifica al infractor, “por lo que el cargo resulta impróspero”.
