El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de que el transporte público masivo sea gratuito, para lo cual se financiaría a través de una cuota que llegaría en la factura de energía.
“¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter).
De acuerdo con el primer mandatario, esto acabaría con varias problemáticas como la evasión en el sistema, la fluidez en las estaciones por ausencia del control de la tarjeta y los déficits monumentales en las finanzas del transporte público.
¿Es viable el transporte público gratuito en Colombia?
Sin embargo, ¿es viable la propuesta?, ¿qué tan difícil es llevarla a la práctica? Hay varios aspectos por revisar, como el costo, el método para determinar las tarifas, si la tarifa seria fija o subiría periódicamente y si la calidad tendría consecuencias en el servicio.
En cuanto al cobro, a cuentas rápidas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López dice que este sería aproximadamente de $200.000 por hogar.
De allí que la mandataria afirma que financiar el transporte público gratuito por esta única vía sería inviable y se deberían buscar otras fuentes adicionales.
No obstante, para algunos, no suenan escandalosas estas cifras, pues una persona que usa TransMilenio dos veces al día, de lunes a viernes, gasta al mes $118.000 y el cobro que se propone sería por hogar, es decir, no importa cuántas personas vivan en su hogar, tendrían que pagar solo una cuota.
“Vamos a hacer los cálculos con diversas fuentes, partiendo de cumplir los compromisos que hicimos en su Plan Nacional de Desarrollo, más lo que contempla el Plan de Movilidad Sostenible y Segura de Bogotá Región”, concretó Claudia López.
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Claudia López respalda a Petro en tener transporte público gratuito, pero Bogotá hará cálculos y presentrá contrapropuesta
¿Qué dicen los expertos de la propuesta de subsidiar el transporte público?
Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana, argumenta que la estratificación socioeconómica no es un mecanismo eficaz debido a sus numerosas distorsiones.
En su lugar, sugiere utilizar la encuesta de Sisbén, que se relaciona mejor con los ingresos y gastos de los hogares, permitiendo una focalización más precisa del gasto público en transporte.
“Esto facilita el acceso a un mayor número de personas y puede resultar en ahorros de hasta el 12 % en costos totales, aunque implica renunciar a ingresos significativos, como los aproximadamente $3 billones anuales recaudados en Bogotá mediante tarifas de transporte público”, dice Hidalgo.
Por su parte, Edder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle y experto en ciudades y movilidad, critica la propuesta de gratuidad en el transporte público y la califica como improvisada y basada en la generación de esperanza sin fundamentos sólidos.
Afirma que la idea de Petro carece de análisis financiero y no considera las implicaciones desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía.
Velandia afirma que la gratuidad aparente en el transporte público se traduciría en costos adicionales a través de impuestos y contribuciones ciudadanas.
En su lugar, sugiere dirigir los auxilios de transporte que actualmente se otorgan a las personas hacia el uso del transporte público.
Esto permitiría cubrir los gastos de transporte de los trabajadores y sus familias, promoviendo así una alternativa más sostenible y mejorando la calidad del servicio de transporte público en lugar de implementar propuestas inalcanzables.
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«La propuesta es viable técnica y jurídicamente», dice ministro de Transporte
¿Qué dice el Ministerio de Transporte de subsidiar el transporte público?
El ministro de Transporte, William Camargo, apoya la idea del presidente Petro de que el transporte público sea gratuito.
Dice que es viable técnica y jurídicamente, y que traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y, así, también la movilidad y calidad de vida en ciudades.
De acuerdo con Camargo, el Ministerio explora alternativas: “Analizamos piloto: 2,8 millones de hogares (con 2,79 personas promedio) y 2,7 millones de predios urbanos. Se distribuye el costo operacional del sistema de acuerdo con variables como tarifa, transporte público, predio, avalúo, distancia predio /estación – paradero, teniendo en cuenta localización y destinación (residencial, comercial, dotacional, industrial, lotes). Todos como usuarios”, dijo.
El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry difiere, pues argumenta que, “cuando se empieza a jugar con los precios de las cosas y se pone al “estado”, es decir, a los contribuyentes, a pagar por servicios sobre demandados, porque su precio es cero o muy bajo, aparecen distorsiones que unos años después dan al traste con las finanzas públicas y la credibilidad”.
En su opinión, los precios de los bienes y servicios deben reflejar su verdadero costo, incluyendo un margen de ganancia para los proveedores. “¿por qué se debería subsidiar el transporte público para personas que tienen la capacidad y la responsabilidad de pagar por este servicio?, asevera Echeverry.
“Basta mirar cómo estamos por la idea de Duque de subsidiar la gasolina y el diésel. Colombia, entre muchos problemas, no tenía el de decirnos mentiras económicas. Cuando a la gente se le da un precio ficticio por lo que usa, se le dice una mentira económica”, concluye el exministro.
