El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) reveló los impactos que generaría en las finanzas de Colombia el proyecto de la reforma pensional.
Cabe mencionar que este proyecto de ese proyecto ya fue aprobado el pasado junio en la Comisión Séptima del Senado de la República.
Dentro del análisis que realizó la Carf se destaca el sistema de pilares que propone la reforma pensional de Colombia.
En el caso del pilar solidario, que es el que busca otorgar un bono mensual por $223.000 a los adultos mayores de 65 años que están en situación de pobreza, la entidad señala que el impacto fiscal neto sería del alrededor del 0,3 % del PIB, es decir, $4,3 billones por año.
“Este monto no está contemplado de manera explícita en las cuentas de la Nación presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023. Vale la pena mencionar que esta estimación considera un monto fijo de beneficiarios, lo que significa que a medida que crece la población el porcentaje de la población elegible decrece”, se lee en el documento.
Para el pilar semicontributivo, que es el que busca que las personas que no se lograron pensionar, pero que tienen ahorros por semanas trabajadas tengan una renta vitalicia, el comité señaló que este tendría un costo de 0,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2025, un 0,3 % en el 2029 y llegaría hasta 0,5 % en el 2070.
“Este gasto se explica por la devolución de los saldos de los cotizantes y al rendimiento real de las cotizaciones a Colpensiones que se otorga a aquellas personas que cotizaron más de 300 semanas, pero que no alcanzaron las 1.000 semanas requeridas y que no se encuentran en condición de pobreza ni vulnerabilidad”, resalta otro aparte.
Y para el caso del pilar contributivo, que es el que busca que todos los cotizantes al sistema de pensiones y hasta por tres salarios mínimos pasen a Colpensiones, el Carf señaló que con la propuesta las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3 % del PIB en 2035 al 5,5 % del PIB en 2070.
“Debido a las mayores necesidades, y dado que los ingresos a Colpensiones se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la Nación le deberá hacer una transferencia mayor en alrededor de 3,2 % del PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 % del PIB en 2025 a 4,5 % del PIB en 2071)”, resalta el documento.
Ese cambio en las estimaciones que indica el Comité de Regla Fiscal indica que el Gobierno deberá darle $48 billones de más a Colpensiones para cumplir sus compromisos pensionales.
Además, el comité mencionó que la reforma representa un aumento del Valor Presente Neto (VPN) de los flujos del pilar contributivo de alrededor del 51,3 % del PIB.
De otro lado, dentro de las recomendaciones que hace la entidad es que se baje el umbral de tres Salarios Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) desde tres hasta uno.
Con esto se busca que el sistema público administre y sea responsable por las pensiones de un salario con el fin de que se maximice el ahorro nacional y se limite el subsidio del régimen público a ese mismo nivel.
“El acervo del ahorro nacional se deteriora frente al escenario actual en 20 puntos porcentuales hacia el final del período. Por el contrario, si se limita el umbral que va a Colpensiones a un salario el acervo de ahorro nacional aumentaría en cerca de 19 puntos porcentuales del PIB frente al escenario actual y en 40 puntos porcentuales del PIB frente al proyecto de ley aprobado en la Comisión Séptima del Senado”, puntualizó.
Más sobre las propuestas de la reforma pensional en Colombia
En el caso de la propuesta de una pensión anticipada, el Carf señala que esta aporta un mayor costo fiscal al reducir el número de semanas cotizadas a partir del cual una persona podrá acceder a la pensión.
“Cualquier medida encaminada a reducir sus beneficios redundará en la sostenibilidad del sistema de pensiones público, por ejemplo, aumentar las semanas cotizadas para que hombres y mujeres puedan acceder a la prestación anticipada puede tener efectos sustanciales en pro de la sostenibilidad del sistema”, aclara el documento.
Otro de los puntos a los que se refiere el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) es acerca del fallo que emitió hace un par de meses la Corte Constitucional que busca reducir las semanas de cotización de las mujeres para que pasen de 1.300 a 1.000.
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Ante esto la entidad señaló que al reducir el número de semanas de cotización también se podría reducir el ahorro pensional en la cuenta de ahorro individual y, por lo tanto, disminuye el valor de la mesada.
Además, resalta que al tener un menor requisito de edad genera que un menor número de mujeres pueda acceder a pensión, al tener menos tiempo para cotizar.
“Para el Comité el escenario deseable para las mujeres sería: una edad de pensión de 65 años, un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y una deducción de este requisito de 50 semanas por cada uno de los primeros tres hijos”, dice el informe.
Puntualiza con que en el debate se elimine la reducción automática de semanas que busca ser una medida remedial, y se encuentre una medida más cercana con los efectos relacionados a la economía del cuidado que afectan la pensión de las mujeres.
