Una de las propuestas del presidente Gustavo Petro, es recuperar la figura de los mataderos municipales en el país. Según él, esta medida tendría como objetivo eliminar los monopolios de frigoríficos y mejorar la situación de los precios de la carne.
Este debate se abrió cuando el presidente, Gustavo Petro, dijo a mediados de noviembre del año pasado: “Colombia no puede quedar en un monopolio de frigoríficos de carne de res, se ha llegado a ese punto porque el Invima acabó con la figura del matadero municipal, hay que dar vuelta atrás”.
La conversación revivió el pasado 15 de agosto, cuando el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció que ya tiene lista la que sería la regulación para estos centros de procesamiento de alimento.
Jaramillo detalló que la propuesta de modificación para estos frigoríficos implica una colaboración estrecha con el Invima, con el propósito de supervisar rigurosamente los centros de sacrificio. Esto aseguraría que operen en plena conformidad con las regulaciones y normativas sanitarias que son requeridas para salvaguardar la salud pública.
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¿Por qué cerraron los mataderos municipales?
Viajando al pasado, Colombia contaba con una fuerte presencia de mataderos municipales, se calcula que logró tener cerca de 1600 plantas, pero el panorama cambió cuando el Ministerio de Protección Social expidió el Decreto 1500 de 2007.
Dentro del documento técnico se estableció el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, así como de los productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados al consumo humano. Además, se delinearon los requisitos fundamentales de sanidad e inocuidad que deben ser cumplidos a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria, el beneficio y desposte, hasta el procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación y exportación de dichos productos.
Fue hasta 2016 cuando entró en vigor dicho decreto, y fueron liquidados varios mataderos por no cumplir con todos los requisitos.
La responsabilidad de llevar a cabo esta medida fue confiada al Invima, la entidad encargada de clausurar aquellas instalaciones que no cumplían con los estándares establecidos. Según el exdirector del Invima, Julio César Aldana, solo 500 plantas lograron subsistir a esta acción regulatoria.
Ahora bien, el decreto que emitirá el Ministerio de Salud y el Invima no dejará de lado las medidas de salubridad. De hecho, se espera que este nuevo decreto se ajuste a las mismas pautas de protección y seguridad, tomando como referencia el decreto 1500.
Entonces, ¿qué factor marcaría la diferencia en esta ocasión para que funcionen los mataderos municipales? Aunque el contenido del nuevo documento aún no ha sido revelado, algunas voces señalan que podría implicar un regreso a prácticas pasadas.
Enrique Herrera, especialista en desarrollo rural, tierras y agricultura, sostiene que esta medida sería volver al pasado, pues las medidas necesarias ya se encuentran plasmadas en el decreto 1500.
Además, resalta que no existen argumentos sólidos que respalden la idea de que la implementación de mataderos municipales impedirá la expansión de mataderos clandestinos e ilegales.
Infraestructura e inversión para los mataderos municipales
Las diferencias entre un matadero municipal y uno de ciudad son notables en varios aspectos, comenzando por la ubicación y alcance, los cuales están fuertemente influenciados por la cantidad de reses sacrificadas y la demanda local. Las instalaciones en las grandes ciudades, a menudo, están conectadas a operaciones de exportación.
La tecnología también se presenta como un factor distintivo. Generalmente, en las áreas urbanas, la tecnología disponible es más avanzada debido a la necesidad de gestionar un mayor volumen de animales destinados al consumo.
Aunque se busca uniformidad en la regulación y control, es importante señalar que en las ciudades suele haber un mayor control y supervisión por parte de las entidades responsables.
En términos de producción primaria, todo lo relacionado con las etapas iniciales, en el campo, está bajo la jurisdicción del ICA. Posteriormente, cuando los animales llegan a la planta de beneficio, ya sea porcina o bovina, la regulación está en manos del Invima.
“Los mataderos municipales carecen de una infraestructura adecuada para cumplir con las normativas de sanidad, control y seguridad”, dijo Enrique Herrera.
En ese sentido, expresó su duda acerca de si los alcaldes municipales estarían dispuestos a invertir, con sus respectivos presupuestos, en mejorar esta situación.
¿Cómo está la carne en Colombia y por qué bajaría el precio con la reapertura de los mataderos?
Uno de los argumentos que sustentan la idea es que se reducirían los costos de traslado y a su vez la propuesta combate el abigeato, el sacrificio ilegal y las enfermedades que contraen los animales.
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, se contrapone con la idea de que el precio de la carne baje.
“No es verdad, no tiene nada que ver el valor de las exportaciones. La prueba es que este año la dinámica de exportaciones se redujo y, sin embargo, el precio de la carne ha seguido para arriba. Incluso el precio al novillo gordo se cayó, pero los intermediarios de la carne, que son cadenas que no agregan valor, han venido de alguna manera afectando enormemente el precio final del consumidor”.
Sin embargo, Lafaurie argumenta que desde Fedegan no existe un problema en ese sentido. “En mi perspectiva, el consumo interno de un municipio representa un porcentaje bastante reducido; el verdadero desafío recae en las áreas urbanas más grandes”.
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de enero a julio la carne de res ha subido un 3,5 %, siendo superior al incremento del cerdo (1,7 %), pero menor que la del pollo, que ha sido la carne que registra la variación más alta (5,9 %) este año.
¿Cómo debe ser el nuevo documento?
Los desafíos para el funcionamiento de los mataderos implican la definición de requisitos mínimos para habilitar plantas de beneficio animal en la categoría de autoconsumo en municipios de categoría 5 y 6. Además, es esencial un mayor compromiso de los frigoríficos en el cumplimiento de las normativas, respaldado por una vigilancia reforzada por parte del ICA y el Invima.
La mejora de la infraestructura es un factor crucial. Una posible solución sería que el gobierno nacional establezca colaboraciones con el sector privado para destinar fondos significativos hacia la construcción de frigoríficos regionales, capaces de abastecer a grupos de municipios circundantes.
“En Colombia se promulgan los decretos, pero luego no se cumplen”.
Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie.
“La inversión necesaria para construir un matadero destinado al autoconsumo, que cumpla con los protocolos sanitarios, ambientales y técnicos, varía entre $4.000 a $5.000 millones, señala Herrera.
El presidente de Fedegan concluye expresando su esperanza en que las afirmaciones del ministro sean llevadas a cabo en la realidad, dado que desde la promulgación de la ley y la implementación del decreto 1500 el compromiso del Estado ha sido escaso.
Lafaurie, dice que al contario “este proceso ha dificultado la atracción de inversiones, especialmente por parte del sector privado, para la adecuación de plantas, incluso a nivel regional. Un ejemplo fue la propuesta que Fedegán inicialmente trabajó en colaboración con el Invima y los departamentos en 2007 y 2008”.
