La Fiscalía General de la Nación anunció en el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI 2023 que se imputarán cargos a 33 personas entre exfuncionarios y funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Esto se debe a presuntas irregularidades en seis otrosíes en el caso de Odebrecht la Ruta del Sol II.
Como tal fueron dos líneas de investigación que se realizaron para concluir dichas investigaciones.
La primera tiene que ver con las presuntas irregularidades en la contratación pública celebrada entre Odebrecht en Colombia en un periodo que comprende el 2009 y el 2016.
“Las decisiones que se han tomado por parte de las autoridades norteamericanas son decisiones que se dieron en el marco de colaboraciones con la Fiscalía General de la Nación como lo reconoció el mismo Departamento de Justicia y que al mismo tiempo son decisiones que no tienen que ver con responsabilidad penal si no solamente una persona que fue el señor Melo que fue condenado en el país se reconoció que era una persona que podía afectar el ámbito corporativo cuya resolución del caso se dio en Estados Unidos y ya está resuelto”, dijo Francisco Barbosa, General de la Nación.
Estos son los nombre de los 33 imputados por el caso Odebrecht
Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI, Harbey Carrascal Quintero, asesor jurídico de la Gerencia de Gestión Contractual (contratista), Marcelo Enrique Cano del Castillo, ingeniero de apoyo técnico a la Supervisión (contratista), Alexandra Lozano Vergara, gerente de Gestión Contractual, José Andrés Torres Rodríguez, gerente de Proyectos Carretero, Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidente de Estructuración, Héctor Jaime Pinilla Ortiz, vicepresidente Jurídico, María Clara Garrido Garrido, vicepresidente Administrativa y Financiera, Camilo Mendoza Rozo, vicepresidencia de Gestión Contractual y vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Adriana del Pilar Saboyá López, asesora vicepresidencia de Gestión Contractual (contratista).
Además de Mónica Rocio Adarme Manosalva, asesora grado 8, Nohora Patricia Acero Pérez, asesora jurídica de Presidencia (contratista), Daniel Francisco Tenjo Suárez, gerente de Proyectos Carreteros, Yasmina del Carmen Corrales Paternina, ingeniera de apoyo a la supervisión – experto G3 7 (contratista), Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno – vicepresidente de Gestión Contractual, David Leonardo Montaño García, experto GGC2, Francisco Javier Forero Lozano, asesor financiero, Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente Financiero VGC, Jorge Huertas Luna, asesor de riesgos, Mauricio Orlando Castro Castaño, gerente de Riesgos, Iván Mauricio Fierro Sánchez, vicepresidente de Estructuración (e), Luis Fernando Castaño Suárez, gestor T1-13, Juan Carlos Hernández Cerón, experto 3 – Grado 07, María Carolina Ardila Garzón, gerente de Proyecto de Riesgos.
Y Édgar Chacón Hartmann, gerente de Proyectos – Gestión Contractual 2, Jaifer Blanco Ortega, gerente de Proyectos- delegado del presidente para comité de Asuntos Contractuales, Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de Estructuración, Sor Priscila Sánchez Sanabria, gerente de Proyectos – gestión Contractual 2, Beatriz Eugenia Lopera González, asesora Financiera (contratista), Poldy Paola Osorio Álvarez, gerente de Proyectos – Riesgo, Jenifer Bustamante Moreno, asesora de Riesgos (contratista), Diana Ximena Corredor Reyes, gerente de Proyectos – Financiero y Fernando Iregui Mejía, vicepresidente Jurídico.
“Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación”, señaló la Fiscalía.
¿Qué pasó con los Otrosíes?
En total la investigación llevó a seis otrosíes que presentan inconsistencias como estudios técnicos, jurídicos y financieros no serios e incompletos.
El primero habla de las irregularidades en el estudio de conveniencia y oportunidad que desconocieron los principios de planeación, economía, responsabilidad, imparcialidad y legalidad que rigen la contratación estatal.
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Este tiene un impacto negativo por el valor de más de $2.200 millones.
En el segundo se autoriza ampliación de plazos de inicio de operaciones doble calzada y ajustes de programación de obras y este señaló retrasos de obras por un valor superior a los $35.800 millones.
El tercero autoriza la ampliación de plazos en el inicio de operación de la doble calzada en los tramos 2, 3, 4 y 7 del proyecto y el ajuste de reprogramación de obras. En este punto se habría permitido que el contratista ajustara el cronograma de obra a su conveniencia. Este tiene multas y retrasos por más $35.800 millones.
El cuarto se adiciona al contrato de concesión la elaboración de los estudios y diseños fase III de la intercepción a desnivel para el acceso a Puerto Boyacá. Para el cumplimiento de este objeto contractual se asignaron $837.871.486.
El quinto se autoriza el ingreso de recursos a la subcuenta de estudios. El presupuesto girado para la construcción de la obra fue de $10.330.791.573 y tenía como destinación inicial la ejecución de las obras relacionadas con la intersección del desnivel para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
Y el sexto tiene modificaciones al alcance de las obligaciones del concesionario. Las personas llamadas a imputación presuntamente con su proceder eliminaron la construcción de la segunda calzada y la rehabilitación del tramo 1 entre Puerto Salgar y Caño Alegre donde se habría autorizado un descuento de $19.976.971.349 por las obras no ejecutadas.
Cabe resaltar que las audiencias de imputación fueron radicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao y su realización está sujeta a la designación de hora, fecha y juzgado, que haga la Judicatura por reparto.
La segunda línea de investigación se trata de sobornos en donde 22 personas más serían imputadas por los presuntos cargos.
