El presidente de Colombia, Gustavo Petro ordenó revisar los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana.
Así lo anunció en la mañana del 15 de agosto, donde también le pidió a la Cancillería de Colombia utilizar todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los Estados Unidos y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que causó la confesión del grupo Aval.
“Los brasileros que incurrieron en delitos en Colombia gozan de total impunidad y Odebrecht no ha pagado un peso de las multas impuestas en Colombia”, mencionó Petro.
Además, le solicitó a la Fiscalía reabrir los casos, si es necesario, del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos.
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El caso de Corficolombiana y Grupo Aval
Grupo Aval y Corficolombiana eran investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Ninguna de las dos entidades presentó cargos contra Grupo Aval.
Sin embargo, al suscribir estas resoluciones, las dos compañías reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta de un exejecutivo de Corficolombiana.
Hay que agregar que la DOJ y la SEC resaltaron la cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones. Además, que, en los años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, las empresas aumentaron y mejoraron sus programas de cumplimiento y controles internos.
Grupo Aval tendrá que desembolsar US$32,1 millones más unos adicionales de US$8,1 millones de intereses a la SEC. Si el pago no se efectúa en el plazo determinado, dice la resolución que dio por terminadas las investigaciones, se cobrarán intereses adicionales.
Por su parte, al llegar a un acuerdo con el DOJ, Corficolombiana se comprometió a pagar una “multa civil” por un valor de US$20,3 millones.
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