Grupo Aval y Corficolombiana acordaron pagar más de US$60 millones a las autoridades estadounidenses por su participación en el caso Odebrecht. El Departamento de Justicia (DOJ) fue enfático en que Corficolombiana, filial de Grupo Aval, participó “en un ardid para pagar millones de dólares en sobornos”.
El caso llegó a Estados Unidos, luego de que se presentara una querella penal presentada en el Tribunal del Distrito de Maryland, imputándosele el cargo de asociación delictuosa para violar la disposición contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El DOJ, además, recordó que Grupo Aval es emisor en Estados Unidos.
Así las cosas, Corficolombiana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA en inglés) de tres años con este Departamento.
Por qué pagarán Grupo Aval y Corficolombiana
El Departamento de Justicia recordó que Corficolombiana se unió, entre 2012 y 2015, “en una asociación delictuosa para pagar más de US$23 millones en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano”. El propósito: obtener un contrato para la construcción y operación de la Ampliación Ocaña-Gamarra, en la Ruta del Sol tramo II. Con ese fin, se unió con Odebrecht para “pagar sobornos”.
De acuerdo con el DOJ, “Corficolombiana causó que otras entidades firmaran contratos ficticios con empresas asociadas con intermediarios que pasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano”.
Sobre el acuerdo de pago de Grupo Aval y Corficolombiana, Nicol M. Argentieri, fiscal general adjunta en funciones de la División Penal del DOJ, aseguró: “refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro a hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional”.
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La colaboración de Corficolombiana
El Departamento de Justicia resaltó que el acuerdo de pago con Corficolombiana llegó, también, “por su cooperación con la investigación del departamento”.
Entre esa colaboración, el DOJ resaltó:
- Entrega oportuna de datos obtenidos en la investigación interna de la empresa.
- Realización de presentaciones de hechos que resumían “cierta información clave”.
- Presentación de documentos, facilitándole su acceso al gobierno estadounidense.
- Prestación de testimonio jurado en procedimientos penales y administrativos en Colombia de testigos relevantes.
- Identificación “proactiva de información previamente desconocida”.
- “Recolección y producción de voluminosos documentos y traducciones relevantes”.
Grupo Aval y Corficolombiana tendrán que pagar a la SEC US$40,26 millones. Y al Departamento de Justicia, después de descuentos, US$20,3 millones.
El Departamento de Justicia aceptó “descontar hasta la mitad de la sanción penal del dinero que la empresa y su filial, Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia”.
Para que esto pase, Corficolombiana y Episol no pueden apelar la resolución de la SIC.
A pesar del acuerdo, el subdirector de la División de Investigaciones Penales del FBI, Luis Quesada, aseveró que “la resolución demuestra que la justicia tiene un precio muy alto para quien intenta sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros”.
