En un documento enviado a los clientes de XP Investments, una de las más grandes firmas de inversionistas en Brasil, que agrupa las inversiones del Grupo XP y que ofrece servicios de asesoría financiera, Andrés Pardo, jefe estratega macroeconómico de Latinoamérica, y Sol Azcune, analista política de Latinoamérica, realizaron un análisis sobre las implicaciones de un posible juicio político contra Petro, un acontecimiento sin precedentes en el país.
Valora Analitik tuvo acceso al documento donde se expuso las implicaciones del escenario.
El caso contra Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, ha puesto en jaque al gobierno del presidente y ha sacudido la esfera política.
Los expertos de XP Investments consideran que este caso no solo podría acarrear problemas jurídicos, sino también agravar los problemas políticos en el país.
Uno de los principales efectos que han notado es la intensificación de las discusiones sobre la posibilidad de un juicio político.
Los expertos reconocen que estas discusiones se encuentran todavía en una etapa temprana y representan más un riesgo potencial que un escenario probable en este momento.
Sin embargo, dieron las nociones de qué implicaciones llevaría un juicio en contra del presidente de la República y las consecuencias.
¿Cómo sería un juicio político para Petro y qué implicaciones traería?
Los analistas explicaron que la destitución de un presidente no es tan fácil, al contrario, es un proceso judicial y político extenso y complejo que requeriría un amplio apoyo político para la destitución de Petro, que aún no se ha reunido.
Ahora bien, en la remota posibilidad que esto suceda, la vicepresidenta, Francia Márquez, tomaría su lugar, otro punto clave que llama a debatir el equipo de XP Investments.
“A menos que se encuentre una solución política o judicial para destituirla junto a Petro, es poco probable que los legisladores busquen la destitución de Petro para dejarla a ella en su lugar”, indica Azcune y Pardo.
Además, la opción de destituir a Francia Márquez es un proceso aislado del presidente, pues hasta el momento no se ha mencionado a la vicepresidenta en el caso de dineros ilícitos.
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Los procesos judiciales que llevaría una destitución
Los analistas señalan que existen dos vías para destituir al presidente en Colombia: una de naturaleza política y otra judicial.
En el caso político, se procedería a presentar una moción de destitución ante la Cámara Baja mediante la Comisión de Acusaciones.
Si esta moción es aprobada en la Comisión, pasa entonces a la Cámara Baja, donde se requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación y posterior envío al Senado. En el Senado, se llevaría a cabo un juicio en el cual también se necesita una mayoría de dos tercios para condenar al presidente. En esta etapa, el Senado puede decidir entre destituir al presidente o suspender sus derechos políticos.
Por otro lado, existe la posibilidad de que el proceso sea llevado por el Tribunal Supremo mediante el enjuiciamiento penal. En este caso, si las violaciones alegadas tuvieron lugar fuera del periodo presidencial o se relacionan con delitos comunes, el Senado no tiene la potestad de imponer una condena, sino únicamente determinar si existen suficientes méritos para continuar el proceso.
Hasta el momento, en la historia moderna de Colombia, ningún presidente ha sido sometido a juicio político.
El caso más cercano fue el del expresidente Ernesto Samper, quien estuvo implicado en la entrada de dinero de cárteles de droga en su campaña presidencial en 1994, pero fue absuelto por la Cámara Baja.
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