El Comité Intergremial del Atlántico aseguró que el Decreto 1276 de energía en La Guajira generará mayores alzas en tarifas del servicio público y promoverá incumplimientos en contratos de venta a futuro.
De acuerdo con el Comité, el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023 abre la puerta a mayores alzas en las tarifas de energía eléctrica porque al suspender los contratos de suministro de largo plazo para generadores con fuentes no convencionales en La Guajira, los comercializadores y distribuidores quedan expuestos a tener que comprarla en bolsa.
“Lo que significa un precio mayor por las condiciones actuales, derivadas de los efectos del Fenómeno de El Niño y de crecimiento de la demanda, especialmente en la región Caribe”, destacó la entidad.
Además, aseguró que, con el citado decreto, el Gobierno de Colombia incentiva el incumplimiento de los contratos de compraventa de energía a futuro en toda la cadena del sistema eléctrico del país.
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“Lo que genera un factor de desconfianza en un sector cuya operación requiere reglas de juego claras y estables dada la magnitud de las inversiones que exige y la condición de esencial del servicio público que presta”, precisó el Comité.
Adicionalmente, explicó que la normativa habla de contratos entre privados en los que el Gobierno Nacional no tiene injerencia.
“Entendemos la compleja situación de La Guajira y la necesidad de lograr una cobertura total del servicio de energía eléctrica en ese departamento. Sin embargo, el mismo Gobierno dice en las consideraciones del decreto que para cumplir con ese objetivo se deben invertir $1,56 billones y que con la sobretasa de $1.000 para los usuarios residenciales de estratos cuatro, cinco y seis, y de $5.000 para industriales y comerciales, el recaudo en los seis meses iniciales de su vigencia será de $51.230 millones”, argumentó el intergremial.
Para la entidad, esta suma no es representativa frente al monto de esa inversión, de manera que, con la sobretasa no resolverá el problema de la falta de energía en territorios lejanos de ese departamento.
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Para atender necesidades de poblaciones vulnerables, como las que habitan especialmente en la Alta Guajira, según el Comité Intergremial del Atlántico, el Gobierno Nacional puede hacer usos de recursos del Presupuesto General de la Nación y de otras fuentes ya establecidas como el Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía).
Entre tanto, le hace un llamado al Consejo de Estado o a la Corte Constitucional revisar el alcance de este decreto para determinar su legalidad o constitucionalidad.
