En una decisión inesperada, el Consejo de Estado tumbó una millonaria multa contra Odebrecht, CSS Constructores y Episol (de Corficolombiana), así como algunas personas naturales involucradas en el caso de la Ruta del Sol 2.
La noticia fue recibida por las diversas partes, luego de cuatro años de haberse presentado la apelación a un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Caso contra Odebrecht y socios por la Ruta del Sol
En su momento, esta corporación declaró como responsables a esas empresas y algunos directivos y funcionarios, “debido a la comisión de actos de corrupción”.
Lo anterior, por cuenta del pago de sobornos de parte de Odebrecht a miembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que le permitieron a la constructora quedarse con el contrato de la Ruta del Sol 2.
Pero, además, que le dieron vía libre para construir tramos adicionales de carretera, entre los municipios de Ocaña y Gamarra, en los departamentos de Norte de Santander y Cesar.
Por estos hechos, en 2018, el Tribunal de Cundinamarca impuso una millonaria multa contra Odebrecht, la Concesionaria Ruta del Sol, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Episol, así como algunos directivos de estas empresas, habían vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa.
Lo anterior también incluyó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por la comisión de los actos de corrupción que se conocieron después de la celebración del contrato de la Ruta del Sol 2.
Y si bien esta decisión se mantuvo y no fue revocada por el Consejo de Estado, tal y como destacó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), los magistrados sí dieron un vuelco a una medida tomada en primera instancia.
Tumbaron millonaria multa contra Odebrecht y sus socios
De acuerdo con la Andje, se revocó la medida “que había declarado solidariamente responsables a estas mismas personas por la generación de los perjuicios en cuantía de $800.156 millones”.
E, incluso, se tumbó la inhabilidad de 10 años que había declarado el Tribunal contra los implicados para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos.
El Consejo de Estado es claro que, en ambos casos, el juez de primera instancia tuvo errores de procedimiento y no actuó bajo las normas que debía hacerlo, que eran las de una acción popular.
“La respuesta del juez de la acción popular no puede ser la de proferir decisiones precipitadas y de impacto en la colectividad para que en esta se genere la sensación de que se está protegiendo la moralidad y el patrimonio público”, dijo el alto tribunal.
Y añadió: “Tampoco puede consistir en ordenar condenas pecuniarias y sanciones o inhabilidades ‘ejemplarizantes’, sin competencia, sin fundamento legal, sin respetar el debido proceso y sin pruebas que las fundamenten”.
Argumentos del Consejo de Estado para tumbar multa e inhabilidad
De hecho, el Consejo de Estado es claro en que así Odebrecht y sus socios hubieran cometido actos de corrupción en la Ruta del Sol 2 u otro proyecto, la intervención del juez de acción popular debía tener en cuenta las disposiciones legales vigentes.
Según estas, “el contratista tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones ejecutadas hasta cuando se declare judicialmente su nulidad, siempre que se establezca que las mismas han beneficiado a la entidad contratante”.
Un argumento similar se ve en el fallo de segunda instancia que tumbó la millonaria multa contra Odebrecht y sus socios en materia de la inhabilidad impuesta a los involucrados.
En este punto, los magistrados afirman que el juez de la acción popular -en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- no tiene competencia para tomar esta decisión.
“La acción popular no es una acción de responsabilidad civil y su imposición afecta el derecho de defensa de los sancionados”, detalla el fallo.
¿Qué sigue ahora para Odebrecht y sus socios en el caso Ruta del Sol?
Esta decisión fue criticada por el procurador de la época en Colombia, Fernando Carrillo, quien la calificó como la “derrota más grande en la historia reciente de la lucha contra la corrupción y la defensa del patrimonio público”.
“Día de luto para la ética. Odebrecht, el escándalo más grande de los últimos años, podría convertirse en la más reprobable vergüenza judicial con la decisión del Consejo de Estado, que los convertiría en víctimas y no victimarios del Estado. ¿La corrupción sí paga?”, agregó.
No obstante, el caso Odebrecht por la Ruta del Sol 2 aún está lejos de terminar en el Estado colombiano.
De hecho, actualmente, la Andje tiene dos acciones judiciales contencioso administrativas y, además, participa en las causas penales que se adelantan contra los mismos involucrados.
Entre estas, hay una acción de reparación directa en contra de la Concesionaria Ruta del Sol, Episol, Odebrecht, CSS Constructores y Gabriel García Morales, para que se les declare administrativa y solidariamente responsables de todos los perjuicios y daños patrimoniales por este caso.
Esta demanda tiene unas pretensiones de $17.056 millones aproximadamente, según la entidad.
Adicionalmente, sigue vigente una acción de controversias contractuales, para que se declare la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica de la Ruta del Sol 2 y que tiene pretensiones de unos $1.145 millones.
Finalmente, la entidad viene interviniendo en los procesos penales adelantados por la Fiscalía, en los que se busca judicializar a exfuncionarios de la ANI y algunos directivos de Odebrecht.
