El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, y entre sus decisiones, está la implementación de las reformas a la salud y rural.
“Hay una reforma a la salud que haremos con decretos de emergencia”, aseveró Petro.
El panorama es el siguiente: frente a la declaración de estado de emergencia, el presidente tiene la potestad de emitir decretos legislativos “(…) medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos. Así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”, se lee en el documento.
De acuerdo con Petro los puntos de la reforma a la salud que se aplicarán en La Guajira son:
- La administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) hará giros directos a los hospitales guajiros.
- El Ministerio de Salud, ahora en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene un plan de inversión para la red hospitalaria del departamento.
- Atención primaria, con el objetivo de prevenir la desnutrición y otras enfermedades que aquejan al pueblo guajiro, se trasladarán cerca de 300 equipos médicos por todo el territorio llevando vacunas y garantizando las condiciones necesarias de salud.
“El proyecto de ley que presentamos – al Congreso – lo vamos a aplicar de una vez en La Guajira”, insiste Petro.
Reforma rural en La Guajira
Una de las grandes problemáticas del pueblo guajiro es el hambre, una deuda que parece nunca saldarse. El Banco Nacional de Alimentos reportó en el primer semestre del 2022 murieron 55 menores entre los cero y los cinco años por desnutrición en La Guajira.
Para enfrentar ese problema, el equipo del Ministerio de Agricultura propone implementar un primer núcleo de la reforma agraria para garantizar la seguridad alimentaria.
“En esta región aunada al tema del agua, tenemos un anuncio muy importante, y es que estamos creando nuestro primer núcleo de reforma agraria, para que la reforma agraria se intensifique y nos permita convertir de La Guajira una despensa agrícola de todo el Caribe colombiano”, dijo la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica.
A partir de la declaratoria, 330.000 hectáreas de los nueve municipios del sur de La Guajira serán priorizados y focalizados en el propósito de tierras junto con todo el paquete de agro industrialización.
Además, el presidente Petro, junto a la ministra, anunciaron inversiones importantes de $20.000 millones para acelerar los procesos de crecimiento y desarrollo económico en la agricultura, pesca y ganadería en la región.
Asimismo, extendieron la invitación a los arroceros del país, Mojica mencionó que hay $40.000 millones destinados a los productores, asociaciones y cooperativas de arroceros que deseen realizar una apuesta agraria para lograr un salto productivo.
Estos fondos podrán ser utilizados para construir su propia infraestructura de secado, almacenamiento y transformación.
La Guajira: el laboratorio de las reformas de Petro
Se podría decir que el territorio de La Guajira será ‘el plan piloto’ de la reforma a la salud y así mismo la prueba de fuego que tiene el presidente y su equipo para demostrar si funciona o no el modelo que plantean a menor escala.
Petro se juega el todo por el todo, y empezará desde La Guajira una población con los índices de pobreza más altos a lo largo de la historia, según datos del DANE, en el 2021 fue el departamento que experimentó mayor pobreza monetaria con 67,4 %.
“El presidente está usando al departamento de La Guajira como laboratorio de experimentación y espejo de lo que quisiera hacer con las reformas que presentó su Gobierno,” explica Carlos Andrés Arias, docente de la Universidad Externado y experto en Comunicación Política.
También menciona que temas como la salud y la agricultura tiene muchas complejidades. En el primero, por ejemplo, la única viabilidad sería contar con el equipo humano y logístico para iniciar sus pilotos de cobertura en salud.
Por el lado de agricultura, el experto dice que entregar tierras no resuelve el problema por sí mismo, requiere el acompañamiento del Estado para hacerlas productivas o entender las dinámicas culturales para su uso o estancia.
¿Ideas utópicas o posibles?
Aunque las propuestas suenen esperanzadoras, la pregunta que surge es, ¿tiene el Gobierno de Petro la capacidad para hacer realidad todo lo que ha prometido?
El tema no es el anuncio, sino de la capacidad de ejecución y justo ahí está el centro del asunto porque eso necesita coordinación liderazgo y gerencia.
Javier Almanza Junco, consultor jurídico de la Universidad del Rosario, dice que es evidente que el período de 90 días es insuficiente para evaluar adecuadamente la efectividad de una reforma en el sistema de salud propuesta por el gobierno.
Además, considerando la magnitud y alcance de una modificación tan significativa en el sistema de salud, es probable que la implementación tome más tiempo del establecido.
“Como resultado, es muy probable que las comunidades, especialmente aquellas que ya se encuentran perjudicadas, como La Guajira en este momento, experimenten una mayor afectación en la prestación de servicios de salud”, sostiene el docente.
Por otro lado, agregó que se debe revisar la factibilidad de que la Corte apruebe los decretos emitidos por el Gobierno de Petro, el estado de emergencia se dicta cuando hay algo extraordinario, ¿es la situación de La Guajira un suceso extraordinario?
Según Ricardo Ávila, analista senior de El Tiempo y consultor político, «la discusión en la Corte va a ser intensa, sobre si este es un tema que se ha deteriorado de manera evidente en tiempos recientes o si, finalmente, viene desde mucho antes y es algo de carácter mucho más estructural”.
Sobre las cartas para la aprobación y seguimiento de los decretos, Ávila sostiene que tanto el departamento jurídico de la Presidencia como el conocimiento del presidente deben ser los principales criterios para determinar los estados de emergencia económica en La Guajira y otros departamentos e incluso en todo el país.
Además, explica que la Corte Constitucional realizará un control no solo de la declaración de emergencia, sino también de los decretos que se emitan.
En relación a esto, es necesario hacer una aclaración: incluso si se acepta la justificación de la emergencia, algunos decretos podrían ser anulados.
Es fundamental tener en cuenta que se espera que este estado de emergencia se utilice de manera adecuada para establecer medidas concretas y aplicar mecanismos que brinden apoyo tanto económico como social a las personas en situación de vulnerabilidad.
Es crucial abordar de manera transparente las necesidades de esta población afectada y buscar soluciones efectivas que les permitan superar esta difícil situación.
