La Unión Europea propuso este miércoles las bases jurídicas para la creación del próximo euro digital, sumándose a los casos de estudio de sus similares de Estados Unidos o China, entre otros.
Esta iniciativa tiene como objetivo, según las propias autoridades, avanzar en los mecanismos y usos de pago para las transacciones digitales dentro del bloque común, dónde se registran caídas del empleo del efectivo.
Asimismo, la idea no es “sustituir el dinero en efectivo” sino crear un complemento que tenga las mismas garantías, gratuito, accesible y aceptado en todos los países de la eurozona.
“El euro es el símbolo más tangible de la integración europea”, dijo la presidente del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.
Recomendado: Proyecto de ley del euro digital estaría listo para 2023
“Miramos hacia adelante y junto con otras instituciones trabajamos para crear el euro digital para encaminar nuestra economía en la era digital”, aseguró Lagarde.
Por lo pronto, la investigación sobre el desarrollo del euro digital concluirá en octubre de este año. Una vez finalice, el Consejo del BCE decidirá si avanza o no a la siguiente fase del proyecto.
La futura implementación del euro digital tendrá lugar una vez que se hayan adaptado finalmente las bases jurídicas del proyecto.
¿Qué se propone para la creación del euro digital?
Entre lo que plantea Bruselas para la creación del euro digital está que sea emitido por la autoridad monetaria, en este caso el BCE, pero distribuido por los bancos comerciales.
Los bancos comerciales no podrán cobrar comisión al usuario para el manejo de su dinero digital, pero sí solicitar un porcentaje al comerciante, como actualmente lo hacen con las tarjetas de crédito.
Los usuarios, por otro lado, podrán hacer uso de sus depósitos digitales por medio de las aplicaciones bancarias y una billetera virtual.
Este euro digital podría utilizarse inclusive sin conexión a internet, de acuerdo con lo que plantea la Comisión Europea.
Sobre la privacidad, se contempla que ni el BCE ni los bancos nacionales tengan acceso a la cantidad o al patrón de consumo de los usuarios, pero sí los bancos comerciales para casos extremos.
