La Contraloría General de la República de Colombia dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $12.475 millones contra la Corporación Red País Rural y dos funcionarios de Ecopetrol -Regional Llanos-.
Esto por un detrimento patrimonial ocasionado por la ejecución de un convenio de colaboración donde se incumplieron el 84 % de las obligaciones, se entregó en un sólo desembolso el 100 % del valor del contrato y no se devolvieron los recursos no ejecutados.
Además, se dio un incremento injustificado del patrimonio del ejecutor de las obras y servicios.
Las irregularidades que dieron lugar a este fallo con responsabilidad fiscal se presentaron en desarrollo del convenio de colaboración No. 5213357 suscrito en enero 24 de 2014, entre la Corporación Red País Rural y Ecopetrol.
Éste tenía por objeto realizar unas obras que no se adelantaron, tales como la rehabilitación de vías veredales y construcción de un complejo turístico cultural y deportivo (que mejorarían la calidad de vida de la población de los municipios de Villavicencio, Castilla La Nueva, Cubarral y Fuente de Oro).
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Así como inversiones en 73 internados en el departamento del Meta, según información de la Contraloría.
Hallazgos de la Contraloría por convenio de colaboración entre Ecopetrol y la Corporación Red País Rural
La Contraloría informó a la opinión pública que verificó el hecho de que no se reintegraron las sumas desembolsadas, se dio un evidente incumplimiento de buena parte de las obligaciones pactadas y se incumplió el compromiso del ejecutor según el cual, dentro de los diez días siguientes a la liquidación bilateral del convenio -celebrada el nueve de octubre de 2015- devolvería los recursos no ejecutados que sumaban $8.423 millones.
Estos recursos estaban depositados en una cuenta corriente del ejecutor del convenio, la devolución de estos no se dio y pasado un mes los dineros ya no aparecían allí, de acuerdo con la certificación del respectivo banco, por lo que se advierte un incremento injustificado del patrimonio del ejecutor de las obras y servicios pactados en el acuerdo de colaboración suscrito con Ecopetrol, razón del detrimento patrimonial.
Las responsables fiscales del caso
Cabe recordar que, el pasado 28 de abril de 2023, quedó en firme el fallo con responsabilidad fiscal por cuantía actualizada a valor presente, de $12.475 millones, a título de culpa grave y en forma solidaria, contra:
- La Corporación Red País Rural, ejecutor de Convenio de Colaboración No. 5213357 suscrito en enero 24 de 2014 con Ecopetrol
- Claudia Patricia Velasquez Mantilla, funcionario autorizado por Ecopetrol para la suscripción del Convenio de Colaboración
- Julio César Zuleta Fuentes, administrador del Convenio de Colaboración
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De esta manera, en grado de consulta y apelación, la Contralora Delegada Intersectorial No. 4 de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia adoptada por la Gerencia Departamental de la CGR en el Meta, al fallar con responsabilidad fiscal frente a lo ya indicado.
Asimismo, de fallar sin responsabilidad fiscal respecto de un sujeto procesal que ejercía como Gestor Técnico del Convenio, al determinar que su conducta no tenía proximidad ni causalidad con el daño patrimonial investigado.
Entre tanto, en la confirmación del fallo se mantuvo como tercero civilmente responsable a la compañía Seguros del Estado en virtud de la expedición de la póliza de cumplimiento, buen manejo y correcta inversión por $10.256 millones, cuyo tomador fue la Corporación Red País Rural, ejecutor del convenio y como asegurado Ecopetrol.
A la aseguradora se le extendió la obligación de pagar ese valor.
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Asimismo, se ordenó el traslado de los hechos y diligencias a la Unidad de Intervención Judicial de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, con el fin de que la Contraloría General se haga parte como víctima en el proceso penal que lleva la Fiscalía General de la Nación.
“Con ocasión del hecho fiscal detectado en su momento por la CGR, se adelanta por parte de la Fiscalía un proceso que puede incidir en los intereses patrimoniales del Estado”, indicó la Contraloría.
