Alberto Lleras Camargo tiene mucho que ver con que hoy, casi 60 años después de su segundo mandato, se esté hablando de una reforma agraria que no pudo concretarse para entregarles hectáreas de tierra productiva a los campesinos que vieron despojos a manos de gamonales, terratenientes, la vieja clase dirigencial, guerrilla, entre otros actores, en el marco del conflicto colombiano.
Siendo uno de los asesores del entonces presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938), en plena época de La Violencia y buscando reparar a los grupos campesinos alzados en armas, Alberto Lleras, sin una reforma agraria en Colombia, empezó a darle bases a lo que sería su gran política pública en el segundo mandato presidencial que tuvo en Colombia (1958-1962).
Para 1936, Alberto Lleras, con el apoyo de López Pumarejo, pudo reglamentar que toda aquella propiedad privada en Colombia podía considerarse como un bien de función productivo para el país o de provecho social.
En otras palabras, y entendiendo que Colombia estaba inmersa en un Estado paternalista, la idea que empezaba a gestarse era que el Gobierno tuviera los mecanismos jurídicos para expropiar tierras con el fin de destinarlas a los derechos consagrados para la población.
En su segunda Presidencia, Alberto Lleras intentó liderar un ambicioso plan de redistribución de hectáreas, de entrega de fincas parceladas, para que los campesinos colombianos alzados en armas fueran propietarios de tierras y las trabajaran, todo esto bajo la Alianza por el Progreso: el programa internacional de Estados Unidos para alejar a los países de la región de la tendencia de izquierda que llegaba por Cuba.
Con esto, lo recuerda el Centro de Memoria Histórica, el objetivo de aquella reforma agraria fue el de reestructurar el régimen de propiedad y la conversión en propietarios “a través de programas de titulación de tierras públicas nacionales, la inscripción de arrendatarios y aparceros para su conversión, de compra de tierras para la adjudicación de Unidades Agrícolas Familiares”.
Este último punto es el que, con el lastre del Acuerdo de Paz con las FARC, sigue quedando pendiente. Si bien el expresidente Lleras Camargo intentó avanzar en el proyecto, la tenencia por la tierra en Colombia siguió siendo uno de los factores determinantes de violencia que llevó al escalamiento del conflicto.
Las hectáreas que se deben entregar con la reforma agraria de Petro
En 2012, en declaraciones a El Tiempo, Carlos Villamil, uno de los encargados de la ejecución de la reforma agraria en Colombia, ideada por Alberto Lleras, sentenció que su alcance se quedó corto: la iniciativa no pudo avanzar sobre las principales necesidades de la población afectada en el campo colombiano.
“En 1969, después de nueve años de lucha, había titulado 1.194 fincas adquiridas por compra voluntaria o por expropiación. Los resultados fueron escasos. Nos sentimos frustrados. Pero el presidente Lleras y su ministro de Agricultura, Armando Samper, aprobaron hacer una primera concentración parcelaria en Jamundí (Valle del Cauca). Fueron 10.200 hectáreas de tierra de baja calidad”, explicaba en su momento Villamil.
Hoy, en el gobierno del presidente Petro, y atendiendo los Acuerdo de Paz de 2016, a Colombia le queda la tarea de entregarles a las víctimas del conflicto cerca de tres millones de hectáreas.
Según datos del presidente Petro, en los últimos 60 años, el país se ha ido por la vía económica negociada y apenas ha podido comprar 1 millón de hectáreas. El proceso histórico demostró que la negociación y la compra de los terrenos era también un mecanismo de compensación que, sí o sí, debía cumplírseles a los dueños de los mismos.
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Cosa distinta a lo que ocurrió en la reforma agraria de Lleras Camargo: “15.000 familias ocuparon 350 predios. Yo desaprobé las invasiones, pero decía que no era vandalismo, sino desconfianza del campesino por las trabas y la imposibilidad legal de resolver sus problemas”, explicó en su momento Villamil a El Tiempo.
La urgencia de conseguir las tierras
Iniciando su Gobierno, el presidente Petro logró un acuerdo histórico con los ganaderos del país acobijados por Fedegán: la compra de las 3 millones de hectáreas que necesita Colombia para poder seguir dándole camino a los acuerdos y compromisos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
Sin embargo, el proceso, al menos así lo explica el presidente Petro, no avanza como se espera. “Tenemos ocho años según los acuerdos de paz para comprar 3 millones de hectáreas. Nosotros compraremos 1,5 millones. Si no aceleramos, no hay paz en Colombia”.
De allí que se prendan alarmas por el hecho de que, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se plantee la posibilidad de acelerar una suerte de “expropiación exprés” de algunas tierras productivas que no están siendo utilizadas, propuesta que, desde el Ministerio de Agricultura, aseguraron no apoya el Gobierno Nacional.
Además porque, como ya lo recordó Villamil, ejecutor de la reforma agraria de Alberto Lleras, la expropiación no es la medida efectiva.
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El presidente Petro no ve entonces otra salida que, si no se cumplen los tiempos para comprar las tierras, “anunciar oficialmente que el Estado colombiano no puede cumplir con el Acuerdo de Paz que firmó”.
“Voluntariamente solo se ofrecieron 200.000 hectáreas, el mecanismo forzoso que propone la ley vigente es la expropiación. Nosotros creamos un mecanismo diferente sin expropiación que esperamos se apruebe”, agregó el presidente Petro.
