En Colombia existe protección jurídica a través de la ley de insolvencia para lograr acuerdos entre las partes y conceder rebajas de intereses, periodos de gracia sin pagos, quitas de capital y encontrar caminos para evitar la quiebra.
La idea es que las personas o empresas sigan operando a pesar de las dificultades.
En insolvencia es importante tener en cuenta los diferentes regímenes. En Colombia están la ley 1116 que cobija a todas las empresas y a las personas naturales comerciantes y el régimen de personas naturales no dedicadas al comercio.
De acuerdo con Andrés Felipe Villegas, director financiero de Apazysalvo las implicaciones que tiene que alguien se declare en insolvencia es que “se obtienen grandes beneficios para el deudor, ya que la ley prohíbe que se ejecuten hipotecas o bienes, incluso embargar cuentas. Permitiendo que quien esté en dificultades pueda seguir generando recursos y siendo productivo”.
¿Cómo se entra al estado de insolvencia?
Para entrar al régimen de insolvencia, la norma exige que el deudor esté debiendo al menos tres cuotas en la mitad de sus obligaciones si es persona natural y si es empresa tener en mora el 10 % de sus obligaciones.
Sin embargo, un error común es tratar de negociar con solo un proveedor, dejando por fuera las demás deudas.
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“La ley permite que se renegocie con todos los proveedores y todas las deudas. En estos casos hay que tener una visión amplia y de largo plazo, de lo contrario es muy difícil que la ley de insolvencia de verdad sea útil”, aseguró Villegas.
¿Para qué más funciona la ley de insolvencia?
La ley de insolvencia también protege su reputación financiera, ya que permite que su estado en base de datos de crédito se actualice en cada paso del proceso de insolvencia en las centrales de riesgo, Datacrédito y TransUnion.
Entre las recomendaciones que hacen los expertos en ley de insolvencia están no hacer arreglos que no se pueden cumplir, acudir a la insolvencia para evitar las ejecuciones judiciales, no tomar créditos adicionales para pagar otros antiguos y solicitar asesoría profesional en la negociación y el ordenamiento de la deuda.
