La Fiscalía se alista para imputar nuevos cargos en el caso de la Ruta del Sol 2, que involucró a la multinacional Odebrecht en Colombia.
Según la entidad, esto se da por la presunta responsabilidad de algunos exfuncionarios en varias irregularidades detectadas en las adiciones otorgadas al megaproyecto.
En ese sentido, se radicarán solicitudes de audiencias de formulación de imputación en contra de 17 exservidores que hicieron parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre 2012 y 2015.
Todos los involucrados deberán responder por el caso de la Ruta del Sol 2, que estaba a cargo de un consorcio donde estaba Odebrecht.
En particular, por los otrosíes que se le hicieron al contrato, mediante los cuales permitieron contratar los diseños y obras de un nuevo tramo entre Ocaña y Gamarra, así como modificar las formas de pago.
“En uso de sus cargos y funciones asignadas, los integrantes habrían vulnerado las normas y principios de contratación, y desconocido los requisitos definidos en la licitación y lo indicado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial”, dijo la Fiscalía.
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Y agregó que, de esta manera, quedó acreditado que, en medio de posibles anomalías, le fueron reconocidos a la concesionaria de Odebrecht más de $7.800 millones.
Impuestos y detalles del caso Odebrecht
Todo lo anterior llevará a la entidad a imputar los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros.
Los salpicados en este caso son:
- Andrés Figueredo, exvicepresidente de gestión contractual.
- Camilo Mendoza, exvicepresidente de gestión contractual y de planeación de riesgos y entorno.
- María Clara Garrido, exvicepresidente administrativa y financiera.
- Beatriz Eugenia Morales, exvicepresidente de estructuración.
- Héctor Jaime Pinilla, exvicepresidente jurídico.
- Yasmina del Carmen Corrales, exsupervisora del contrato de concesión.
- José Andrés Torres, ingeniero del área de proyectos carreteros.
- Daniel Francisco Tenjo, exgerente de proyectos carreteros.
- David Leonardo Montaño, experto.
- Alexandra Lozano, exgerente de gestión contractual.
- Harbey José Carrascal, exasesor.
- Francisco Javier Forero, exasesor financiero
- Emerson Durán, exgerente financiero.
- Cesar Augusto Peñaloza, exgerente de proyectos.
- Édgar Chacón, exgerente predial.
- Miguel Ángel Bettin, exinterventor del contrato.
Por su parte, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, será imputado exclusivamente por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros por los otrosíes 7 y 9.
La Fiscalía explicó que el exdirectivo ya está siendo juzgado por los demás ilícitos en el caso Odebrecht en Colombia.
De acuerdo con el ente de control, en su momento, la ANI le ofreció a la concesionaria de la Ruta del Sol 2 ampliar el objeto del contrato para incluir el tramo Ocaña – Gamarra.
No obstante, para la Fiscalía esto se hizo sin estudios previos y sin autorización del Confis para la aprobación de cambios en vigencias futuras.
Pagos dobles en la Ruta del Sol 2
“La ANI tampoco tuvo en cuenta para este ofrecimiento que ese trayecto era administrado por el Invías y que esta entidad había contratado los mencionados diseños con otro consorcio”, afirmó.
Y agregó: “De esta manera, la concesionaria tuvo que ajustar su propuesta, pero se apalancó en el trabajo hecho por la otra empresa contratada con anterioridad”.
Con esto presente, la Fiscalía prevé probar que los exfuncionarios de la ANI autorizaron el otrosí al contrato de Odebrecht en la Ruta del Sol 2 sin contar con estudios, ni tampoco la adición de recursos.
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“Tampoco consideró que se trataba de una obra diferente al objeto inicial del contrato (…), lo que correspondía a otro proyecto, que debió tramitarse de manera autónoma”, añadió.
Con estas dos adiciones irregulares, se incrementó el valor de la Ruta del Sol 2 en un 32 % y se prolongó el tiempo de ejecución de 20 a 25 años.
Asimismo, la ANI le pagó al contratista algo más de $3.177 millones por estudios y cerca de $4.630 millones por la construcción.
Esto acredita que el Estado pagó dos veces por los estudios del tramo Agua Clara – Río de Oro: un desembolso hecho por el Invías y el otro realizado posteriormente por la ANI.
Finalmente, habría anomalías cometidas por las modificaciones a la fórmula de pago contractual que se haría por hito terminado y se cambió sustancialmente.
Primero, al establecerse el pago con base en un acta de indicadores de construcción y/o mantenimiento y luego por un pago mensual por obra.
“Este planteamiento financiero renovado privó al Estado de los rendimientos de dineros que no debía desembolsar en los términos del contrato original y que debían reinvertirse en el proyecto”, concluyó.
