Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) reveló que iniciará conversaciones en mesas de trabajo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro para buscar mejoras en el programa Mi Casa Ya.
En su primera presentación oficial como presidente del gremio en reemplazo de Sandra Forero, Guillermo Herrera destacó la evolución del sector de la construcción que genera un círculo virtuoso en la economía colombiana y que genera 1,6 millones de empleos formales directos y otros 2,4 millones indirectos en diversos sectores.
El 50 % de los empleados de la base de trabajadores ganan más de un salario mínimo mensual, resaltó el líder gremial.
“Hay un reto de parte del país como un todo en medio de un escenario de desaceleración económica”, dijo Herrera tras anunciar que espera que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector de construcción crezca alrededor de 9 % en 2023 gracias a las iniciaciones y las preventas que se venían preparando desde años anteriores.
Reconoció que hay “señales de alarma” por la reducción del 11,4 % que se presentó en las ventas de viviendas al cierre de 2022 frente al saldo de todo el 2021”.
Así mismo, llamó la atención sobre la desaceleración de desembolsos de crédito hipotecario y leasing que cayeron 21 % al cierre de 2022, mientras que los desistimientos de los compradores subieron al 8 % en los proyectos nuevos debido a que muchos hogares están viendo que los créditos se están otorgando a tasas superiores al 20 % cuando hace uno o dos años estaban en 8-10 %.
El reto número uno, dijo Herrera de Camacol, es mantener el empleo en el sector de la construcción.
El otro reto importante, añadió, serán los costos en la producción de vivienda por temas como la inflación, las tasas de interés y la tasa de cambio que, además, debe tener en cuenta la sostenibilidad de las nuevas edificaciones.
Destacó las “buenas relaciones con el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro” y dijo que la conversación con este girará en torno a los cambios para el programa de Mi Casa Ya, así como la adición presupuestal de 2023 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Ratificó que “Mi Casa Ya es el programa más importante para el sector de vivienda de Colombia” y es ejemplo mundial por su innovación en el sector y dijo que la ministra de Vivienda.
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Mesas de trabajo con Gobierno Petro
Anticipó Guillermo Herrera que Camacol acordó con el Gobierno Petro iniciar desde la próxima semana unas mesas de trabajo para revisar las inquietudes que se han venido presentando después de los anuncios del Ministerio de Vivienda sobre posibles cambios en el programa Mi Casa Ya.
En esas mesas de trabajo participarán otros gremios interesados en el tema como Asobancaria y Asocajas junto con el Ministerio de Vivienda buscando entender los cambios que se proponen desde el Gobierno Nacional.
Es necesaria la moderación, dijo Herrera, para plantear las diferentes opciones de solución para mejorar el alcance y la focalización de los subsidios de vivienda, tal como lo ha propuesto el Gobierno Petro.
Herrera recopiló datos según los cuales la asignación de subsidios del programa Mi Casa Ya se concentra en 15 municipios con principal protagonismo de ciudades como Bogotá y, en ese sentido, dijo estar de acuerdo con la ministra de Vivienda de Colombia, Catalina Velasco, quien busca que haya mejor distribución de las nuevas viviendas que tengan el beneficio.
En su concepto es importante ver cómo se va a ajustar la entrega de subsidios en el futuro para atender la nueva demanda en zonas del país que van a seguir creciendo en la demanda de viviendas.
Insistió en que el tema más importante para el país y para el sector es definir en esas mesas de trabaja con el Gobierno es la transición de los cambios que propone el Gobierno en el programa.
En 2023, reveló, unas 80.000 viviendas se van a entregar a sus dueños con el beneficio del subsidio de Mi Casa Ya.
Desde su creación unos 250 mil hogares se han beneficiado del programa y el 70 % gana menos de dos salarios mínimos, llegando además en más de 200 municipios de categorías 6 que son los que tienen más necesidades básicas.
Lo que se debe resolver, según Herrera, es la sostenibilidad del programa en un contexto de desaceleración económica con la salvedad de que esas soluciones no son inmediatas, sino que sean de largo plazo.
Hoy, dijo, seis de cada 10 viviendas que se venden en el país tienen el beneficio de subsidios de Mi Casa Ya.
En su declaración dijo que es positivo que haya un mecanismo de focalización a través del Sisben, pero consideró que se debe evitar que se vuelva un nuevo trámite burocrático que ponga trabas al desarrollo de las viviendas nuevas que puedan salir al mercado.
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Lo que advierte ANIF
En un documento reciente, la ANIF lanzó una advertencia al decir que el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo de regionalización, se modifican los topes legales con los que venía trabajando el programa desde la expedición de la última Ley de vivienda y hábitat.
En el pasado texto, según ANIF, se estableció un tope máximo de 150 salarios mínimos legales en las principales del país para la construcción de vivienda y en el resto de ciudades de un orden de 135 salarios. Esto se hizo con el propósito de reconocer la escasez de suelo habilitado en la ciudad y la necesidad de aumentar la oferta en estas ciudades.
En el articulado del Plan de Desarrollo, se modificó al salario mínimo como factor determinante de los topes de la vivienda de interés social en favor de los UVT.
En este sentido, dijo ANIF, el nuevo tope son 3,552 UVT que en el 2023 representa un valor de $150.647.424. Esto en el caso de las grandes ciudades representaría un aumento porcentual del 0.4 % frente al 2022.
Esto comparado con la inflación del 13,25 % o del IPP resultan injustificados y se corre el riesgo real de reducir la oferta de VIS en las ciudades.
Agrega ANIF que aparte del incremento insuficiente en los topes, fijar el incremento por UVT puede recaer en no reconocer costos adicionales del sector como lo son los incrementos en los costos de suelos, costos laborales, riesgos cambiarios entre otros.
En tanto, ANIF dijo que podría ser más efectivo la suma de uno o dos puntos porcentuales a la UVT compensando esta consideración, o revisar el ajuste bajo la óptica del Icoced o del IPP.
Este artículo en especial puede ser perjudicial para el sector y para la oferta de vivienda en el país. De nuevo, dijo ANIF, si el objetivo es incrementar el acceso, la medida de cambio de topes no se observa como una solución a estos problemas.
El 16 de febrero del 2023, el Gobierno Petro socializó los cambios al programa con el propósito de mejorar la focalización a partir del Sisbén IV.
Se amplía su cobertura a sectores rurales y se le da un subsidio mayor de cuota inicial a los hogares con clasificación A1 a C7 en lo urbano y A1 a C14 en lo rural (30 SMMLV).
El resto de los hogares que clasificarían serán los de clasificación C8 a D11 en lo urbano y C15 a D20 en lo rural. Hogares que no estén en las bases del Sisbén no podrán participar, lo que limita la demanda del programa por una nueva barrera de acceso.
Aunque el mecanismo de focalización puede ser entendido, genera grandes elementos de riesgo para la ejecución del programa donde los hogares priorizados son aquellos que probablemente tengan las condiciones menos favorables para acceder a un crédito de vivienda, aseguró ANIF.
Falta establecer, dijo, si esto generará cuellos de botella en el sistema frente un escenario actual de rapidez en las resoluciones de asignación de subsidios.
