Este miércoles 15 de febrero, el Ministerio del Interior dio a conocer que la reforma a la salud en Colombia tendrá un trámite priorizado en su paso por el Congreso de la República.
Alfonso Prada, ministro del Interior, firmó el decreto mediante el cual se adicionó la reforma a la salud en Colombia a la lista de iniciativas que se pretende empezar a aprobar en la legislatura, que inició en la primera semana de febrero.
De esta manera, la intención del Gobierno es que el país empiece a discutir y aprobar el que se considera el proyecto más importante a inicios de año.
La urgencia del Gobierno está entonces en que, como lo ha advertido el presidente Petro, Colombia pueda avanzar lo más rápido posible en lo que será el cambio en el manejo de la salud en el país, lo que implica que las EPS tengan un rol bien distinto al que, hasta ahora, asumen.
Desde el mismo Congreso le han pedido al Gobierno Nacional que se tome el tiempo necesario para que la reforma a la salud en Colombia tenga un trámite pausado y que responda a todas las preguntas que se tienen sobre la iniciativa.
A la espera del futuro de la reforma a la salud en Colombia
La administración Petro ha asegurado que las garantías de debate se van a tener y que, en el marco del trámite del proyecto por el Congreso de la República, tendrá en cuenta la posición de todos los actores de la sociedad, al tiempo que, de nuevo, la idea es que la reforma sea aprobada por consenso.
Si bien todavía no se tiene certeza sobre cuándo sería convocado el primer debate en la Comisión Séptima, lo cierto es que el proyecto deberá esperar un poco más para iniciar deliberaciones.
Lo anterior pues el Congreso pediría un concepto al Consejo de Estado para saber si el proyecto de reforma a la salud en Colombia debe tramitarse como una ley ordinaria o estatutaria.
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Esto último con el fin de esclarecer el proceso y evitar que, una vez sea aprobada la reforma, la Corte Constitucional la tumbe por errores en su proceso de aprobación.
Los congresistas que buscan que la reforma a la salud sea tramitada como ley estatutaria argumentan que el plan cambia el acceso a un derecho fundamental en el país: la salud.
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