El proyecto de ley que bloquearía las plataformas tipo Uber en Colombia generó un caos en Bogotá en la madrugada de este 31 de enero y llevó al Estado a ceder su posición ante las plataformas.
De hecho, este martes, 31 de enero, comenzarán las reuniones entre el gobierno de Gustavo Petro y los representantes de las plataformas.
Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que se comunicó con el Ministerio del Interior para encontrar una solución ante esta problemática.
Su respuesta fue positiva y, de esta forma, el Viceministerio del Interior de Colombia y los voceros de las plataformas se sentarán a encontrar un punto medio ante esta situación.
La idea es que desde el Gobierno se mejore dicho proyecto de ley, con el cual se busca darle más dientes a la Superintendencia de Transporte.
Así lo confirmó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien afirmó en W Radio que no se radicará ningún proyecto en el Congreso sin un consenso con las plataformas.
Incluso, fue enfático en decir: “No vamos a prohibir las plataformas, lo que vamos a buscar es un consenso de cómo las vamos a formalizar y cómo prestan el servicio en condiciones ajustadas al marco de la ley”.
Y agregó: “Vamos a abrir una mesa de diálogo desde este miércoles en mi despacho (…). No vamos a radicar el proyecto mientras no haya una fórmula de consenso”.
Así es el proyecto que bloquearía plataformas
El ministro Reyes afirmó adicionalmente que este proyecto aún está en borrador, con lo cual aún no se trata de algo concreto para presentar ante el Congreso.
Según el documento, las plataformas afectan “la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico”.
E incluso señala que estas “atentan de manera directa contra la eficiente prestación del servicio de transporte público esencial”.
Lo anterior llevó a incluir varios artículos para sancionar a los dueños de las plataformas de movilidad tipo Uber, así como sus conductores y usuarios.
En el primer caso, la SuperTransporte prevé multas de entre $21,2 millones para cada uno de los operadores, administradores y agentes de la plataforma.
Mientras que, en el segundo, se les inmovilizaría los vehículos a quienes están al frente del volante.
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Finalmente, para quienes usan las plataformas en su día a día, recibirían una sanción de $10,6 millones por cada servicio que tomen en las plataformas tipo Uber.
A pesar de lo anterior, el Gobierno comenzará un trabajo para ajustar el proyecto de ley, que pretende -de una vez por todas- regular la operación de las aplicaciones de movilidad en Colombia.
