La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANJDE) confirmó este martes, 17 de enero, que Colombia fue demandada por la venta de acciones de la Triple A de Barranquilla.
Esta medida fue tomada por Canal Extensia, casa matriz del Canal de Isabel II, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La demanda sostiene que Colombia habría violado el acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
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Lo anterior, por cuenta de diversas actuaciones estatales, incluyendo la venta de acciones de Inassa en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A).
Entre las medidas cuestionadas por Canal Extensia, se incluyen la acción popular iniciada por la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al Contrato de Asistencia Técnica, así como el proceso de extinción de dominio contra las acciones de CEXA en la Triple A.
La ANJDE expuso que con el conocimiento del caso llevará a cabo las medidas para defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, “en coordinación con las medidas adoptadas por La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia”.
¿Cómo llegó Triple A a la SAE
En octubre de 2018, el gobierno de Iván Duque, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), asumió el control de la compañía de acueducto de Barranquilla, Triple A.
Lo anterior, luego de que la Fiscalía de Colombia embargara las acciones que en ese entonces pertenecían a la empresa pública española Canal de Isabel II, asociada a Inassa, por un caso de corrupción, puntualmente asociada al desvío de recursos que debían ser usados por Triple A para la prestación de los servicios en la capital del Atlántico.
Tras el dominio de la firma por parte de la SAE, como explicó Adalberto Palacios, secretario jurídico del Distrito, en entrevista reciente con Valora Analitik, el Distrito de Barranquilla inició un trámite un acercamiento con esta Sociedad estatal en donde manifestó la intención y adquisición de esa participación accionaria.
“El proceso se concretó con una figura de enajenación temprana, por intermedio de la empresa Alumbrado Público (APBAQ), de mayoría pública (65 % del Distrito y 34 % de privados). En otras palabras, allí los privados ponen el dinero a cambio de utilidades futuras y la ciudad de Barranquilla se convierte en la dueña de la empresa”, explicó el vocero.
En agosto de 2022, la compañía Alutrafic LED SAS, de la que es accionista la familia Daes, cedió en forma gratuita a la Alcaldía su participación de las utilidades en la sociedad Barranquilla Capital de Luz SAS-Alubaq-, derivadas del negocio de la compra de acciones de la firma Triple A, que se hizo a través de APBAQ, producto del negocio con la SAE.
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