Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Distrito de Barranquilla firmaron este martes, 17 de enero, un memorando de entendimiento para explorar la adquisición del 51 % de las acciones que tiene K-yena (antes alumbrado público de Barranquilla), en la sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, conocida como la Triple A.
Vale recordar que Triple A es la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y 14 municipios del departamento del Atlántico que cuenta con cerca de 600.000 suscriptores.
Luego de la suscripción del memorando de entendimiento, el alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Jaime Pumarejo, señaló que esta posible unión daría origen a una empresa 100 % pública.
“La experiencia y el liderazgo de EPM en la prestación de los servicios públicos domiciliarios la convierten en el aliado estratégico del Distrito”, indicó ante la Junta Directiva de EPM el alcalde Pumarejo.
Por su parte, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, manifestó que esta es una buena oportunidad de crecimiento no solo para EPM, sino para Barranquilla.
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Señaló la intención recíproca de realizar intercambio de información, evaluaciones y valoraciones operativas, técnicas, financieras y jurídicas en esta etapa para la potencial transacción.
“Avanzamos en el análisis para hacer una oferta vinculante, siempre y cuando hayan cesado todas las investigaciones, procesos o averiguaciones de la Contraloría General de la República, las Superintendencias, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o cualquier otra autoridad judicial o administrativa sobre el proceso de la transferencia de acciones de la SAE a K-yena”, enfatizó Carrillo Cardoso.
“Con esta oportunidad, EPM le sigue apostando a la consolidación de su negocio de agua y saneamiento en Colombia”, aseguró la compañía.
Demandan por venta de acciones
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Anjde) confirmó que Colombia fue demandada por la venta de acciones de la Triple A de Barranquilla.
Esta medida fue tomada por Canal Extensia, casa matriz del Canal de Isabel II, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La demanda sostiene que Colombia habría violado el acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
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Lo anterior, por cuenta de diversas actuaciones estatales, incluyendo la venta de acciones de Inassa en la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A).
Entre las medidas cuestionadas por Canal Extensia, se incluyen la acción popular iniciada por la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al Contrato de Asistencia Técnica, así como el proceso de extinción de dominio contra las acciones de CEXA en la Triple A.
La Anjde expuso que con el conocimiento del caso llevará a cabo las medidas para defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, “en coordinación con las medidas adoptadas por La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia”.
