La Procuraduría General de la Nación exhortó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a regular el trámite de certificaciones ambientales para nuevas solicitudes de concesiones de minería en el país, con el fin de proteger los ecosistemas estratégicos.
El Ministerio Público solicitó a la cartera de ambiente cumplir con la orden impartida el 4 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, en la que se establece que las autoridades ambientales deberán expedir a los interesados en esta titulación un certificado en el que conste que su proyecto no se superpondrá con alguna de las áreas ambientales que están o deben ser protegidas.
No obstante, las reglas para la expedición de dichos certificados de minería aún no se han definido.
Al respecto, la Procuraduría recordó a la cartera de Ambiente que cuenta con un plazo de tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para presentar estas directrices que permitirán expedir dichas certificaciones para adelantar actividades de minería en el país..
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A través de una circular, la entidad advirtió sobre la necesidad de que las entidades pertenecientes a los sectores ambiental y de minería “establezcan conjunta y articuladamente el procedimiento, los mecanismos de coordinación y los plazos para la expedición de los certificados que deberán de presentarse junto con la solicitud de titulación minera”.
El ente de control instó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales urbanas a adoptar las medidas necesarias para que la Agencia Nacional de Minería y a la Secretaría de Minas de Antioquia verifiquen la autenticidad de las certificaciones que se alleguen con las solicitudes de títulos mineros.
“Es importantísimo que el Estado avance en una sistematización de todas esas áreas excluidas de la minería para que en el Sistema de la Autoridad Nacional Minera se elimine de manera definitivamente el riesgo de que sean otorgados títulos mineros en áreas protegidas”, concluye Gustavo Guerrera, procurador delegado en asuntos ambientales.
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