La procuradora de Colombia, Margarita Cabello, instó a los mandatarios departamentales a verificar la idoneidad de los contratistas que administrarán el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2023.
Con esto, se busca evitar los retrasos e irregularidades vividos durante 2022, que generaron al menos 245 denuncias ciudadanas y llevaron a abrir 80 actuaciones preventivas y 28 disciplinarias.
La jefe del Ministerio Público relató cómo desde 2015, la entidad ha encontrado dificultades que impiden que niños y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias en Colombia.
«Hoy, hay 5,4 millones de beneficiarios de este programa. No estamos ante un desafío cualquiera”, dijo Cabello.
Y agregó: “Gran parte del desarrollo del país depende de que ellos sigan cursando sus estudios y se les garanticen unos mínimos nutricionales».
La alta funcionaria reveló que la Procuraduría ha emitido alertas sobre entrega de raciones por un periodo inferior a las 40 semanas del calendario escolar, demoras para gestionar la contratación de operadores, malas condiciones de los alimentos, entre otros.
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Además, explicó que las zonas que han presentado mayores dificultades en la operación y prestación del PAE son el departamento de Magdalena y los municipios de Cúcuta, Buenaventura y Malambo.
En esos lugares, los procesos de contratación han sido declarados desiertos en varias ocasiones.
De hecho, por lo anterior, se está estudiando la posibilidad de establecer un pliego tipo para los servicios de alimentación, que permita la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y una competencia sana.
