¿Cómo puede Colombia ser más competitiva? Esto recomienda el Consejo Privado de Competitividad

La presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, lanzó hoy en Bogotá el nuevo Informe Nacional de Competitividad 2022-2023.

presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca. Foto: archivo Valora Analitik

La presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, lanzó hoy en el nuevo Informe Nacional de Competitividad 2022-2023 en el que se hacen varias recomendaciones al Gobierno y otras entidades.

En ese informe se hace un balance de lo que ha sido el crecimiento económico de Colombia en los años recientes y los retos que tiene para superar las barreras que lo hacen menos competitivos frente a otros países de la región.

Ana Fernanda llamó la atención sobre las necesidades de infraestructura de las regiones y, además destacó la fortaleza de combustibles como el gas natural para reducir la pobreza y aportar en la transición energética.

Estas son las principales recomendaciones del Consejo Privado de Competitividad para el Gobierno de Colombia y también para el sector privado.

Eficiencia del Estado

  • Consolidar el Registro Social de Hogares como sistema integral de información sobre personas receptoras de subsidios y montos asignados.
  • Fortalecer el uso de la iniciativa privada en proyectos de asociaciones público-privadas (APP) para expandir el mecanismo a sectores distintos al de infraestructura de transporte.

Infraestructura, transporte y logística

  • Implementar el nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal.
  • Definir esquemas de cofinanciación en la construcción y el mantenimiento de vías terciarias.
  • Permitir que el precio de los fletes se genere en condiciones de competencia y buscando eficiencias.
  • Acelerar la implementación de infraestructuras logísticas especializadas que ya se encuentran en estructuración.

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Energía

  • Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos a través de la producción nacional y la importación.
  • Asegurar la cobertura del servicio de energía eléctrica en todo el territorio nacional.
  • Fortalecer la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como instancia regulatoria del sector de energía en Colombia, e incluir el análisis de impacto normativo para la regulación que expide.

Economía digital

  • Fomentar Asociaciones Público-Privadas (APP) para extender servicios digitales a zonas rurales y remotas.
  • Acelerar el avance del plan de despliegue de redes de quinta generación (5G) y nuevas tecnologías inalámbricas de wifi.
  • Promover soluciones público-privadas para proveer formación de habilidades digitales y tecnológicas.

Educación

  • Promover el acceso a la oferta de educación posmedia, no solo en nivel universitario, sino también en el nivel técnico y tecnológico a través de programas de ciclo corto en el marco del Subsistema de Formación para el Trabajo.
  • Reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) es fundamental para garantizar la suficiencia de recursos con miras a abordar los desafíos de acceso y calidad en la educación.

Salud

  • Usar sistemáticamente tecnologías digitales, incluido blockchain, para favorecer mejores resultados en salud y eficiencia logrando interoperabilidad de sistemas incluyendo historia clínica digital.
  • Introducir un pago por desempeño para las entidades promotoras de salud (EPS).
  • Evaluar los riesgos de mediano y largo plazo generados o agravados por la pandemia sobre la salud poblacional.
  • Extender servicios de telesalud.
  • Construir una estrategia para la financiación de largo plazo de la digitalización del sector salud.

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Pensiones

  • Fortalecer un pilar no contributivo para la protección en la vejez.
  • Involucrar a la Rama Judicial en las discusiones sobre la reforma pensional.

Internacionalización

  • Agilizar el proceso de expedición del Permiso Temporal de Protección para la población migrante venezolana.
  • Revisar la estructura arancelaria con el fin de disminuir su dispersión, desincentivar el contrabando y dar eficiencia a los procesos aduaneros.
  • Analizar, clasificar y la evaluar las medidas no arancelarias para racionalizar su uso y disminuir efectos proteccionistas que no estén justificados por una consideración técnica.
  • Poner en marcha el sistema informático de la DIAN que propone la nueva regulación aduanera.

Sistema tributario

  • Ampliar la base de declarantes e integrar la información que aquí se genere con la de las demás bases que tenga el Estado para mejorar la relación del Estado-ciudadano.
  • Concentrar las exenciones de IVA en la canasta que consumen las personas de menores ingresos.
  • Continuar con la implementación del plan de modernización tecnológica y del recurso humano de la DIAN.

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Productividad agropecuaria

  • Avanzar en la implementación del Sistema Nacional Unificado de Información Agropecuaria Rural (Snuira) y su interoperabilidad con la información de otras fuentes como Mi Registro Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura), Sisbén IV y el Catastro Multipropósito.
  • Avanzar en la implementación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).
  • Avanzar en la implementación del Catastro Multipropósito con enfoque de ordenamiento social de la propiedad rural.
  • Avanzar en la implementación del proceso único de formalización con enfoque de barrido predial.
  • Finalizar el inventario de red vial terciaria.

Financiación empresarial

  • Revisar los efectos de la tasa de usura y proponer ajustes o su eliminación para evitar su efecto distorsionante en el mercado de crédito.
  • Construir un entorno de pagos digitales que permita mayor acceso y uso a este tipo de servicios.
  • Evaluar los elementos que definieron el éxito del sistema PIX en Brasil, incluyendo la obligatoriedad de su oferta para el sistema financiero.
  • Crear un área que diseñe la política pública financiera dentro del Ministerio de Hacienda (Minhacienda).

Ciencia, tecnología e innovación

  • Implementar el Marco de Inversión en la CTI para lograr incrementar los recursos públicos hacia la CTI y apropiar su rol transversal en los distintos sectores.
  • Vincular al sector empresarial en programas relacionados con la apropiación social del conocimiento en el marco de la CTI.
  • Realizar ajustes necesarios a la normativa de los procesos y condiciones habilitantes para la producción del conocimiento y las actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) con el fin de fomentar la investigación, la innovación y la comercialización de la I+D+i.

Crecimiento verde

  • Vincular a la pequeña y mediana empresa a las diversas iniciativas que apuntan a la carbono-neutralidad.
  • Promover el uso de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) para avanzar en la sostenibilidad ambiental empresarial.
  • Avanzar en la implementación de las acciones de los niveles nacional, regional y privado para alcanzar las metas establecidas en la Contribución Nacional Determinada (NDC por su sigla en inglés) y desarrollar un sistema de seguimiento abierto para consulta pública.

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Productividad y emprendimiento

  • Fortalecer programas con buenas evaluaciones de resultados como Fábricas de Productividad, usando la metodología ArCo como instrumento rector de articulación y selección de programas.
  • Actualizar la política de mejora regulatoria, incluida la política pública de protección de la libre competencia, con criterios de creación de capacidades para nuevas empresas y emprendedores y de revisión dinámica de efectos en incumbentes y entrantes, reduciendo los costos asociados a la formalidad en todas las etapas del ciclo de vida empresarial en línea con el diagnóstico del CONPES 3956.
  • Consolidar el Registro Social de Hogares creado por el Decreto 812 de 2020 y ampliarlo para poder entender la dinámica conjunta de empleo, crecimiento empresarial y proceso de formalidad.
  • Consolidar el Comité de Sandboxes Regulatorios y Mecanismos Exploratorios, implementar su hoja de ruta para facilitar el surgimiento de nuevos modelos de negocio y crear una cultura de regulación para hacer más sencilla y no impedir la transformación.

Inclusión

  • Mejorar nuestra forma de regular requiere primero identificar correctamente los problemas.
  • El segundo paso crítico para lograr mejores políticas es facilitar la innovación y la experimentación. Esto requiere una revisión a profundidad del funcionamiento de organismos de control —Procuraduría, Contraloría, y Fiscalía— y los sistemas de control interno.
  • Modernizar la política de mejora normativa incluyendo procesos dinámicos, uso de mejor información, monitoreo y evaluación, y mecanismos de participación. También conviene fortalecer las capacidades en todas las entidades a niveles nacional y subnacional en las herramientas de formulación de políticas y regulaciones con énfasis en los efectos sobre incluidos y excluidos.
  • Una aproximación para mejorar el funcionamiento del Estado como aliado y partícipe en la creación de valor compartido puede seguir algunos de los lineamientos de la economista Mariana Mazzucato para fortalecer la larga tradición de trabajo público-privado en Colombia.

El informe completo del Consejo Privado de Competitividad de Colombia se puede descargar aquí

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