Un posible cambio en la primera línea del metro de Bogotá abriría la puerta a que este megaproyecto quede en veremos e, incluso, complicaría la situación fiscal de Colombia en tiempos complejos.
Por más mínimo que sea, un ajuste en un contrato de esta envergadura le pasaría factura a la Nación, tanto directa como indirectamente.
A pesar de lo anterior, este viernes, el gobierno de Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmaron que se analizará la posibilidad de cambiar la primera línea del metro.
La idea, según dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, es que parte del trazado sea subterráneo, tal y como ha querido Petro.
Esto se aplicaría en tramo de la Avenida Caracas, en el oriente de Bogotá, entre las Calles 1 y Calle 72.
De acuerdo con la alcaldesa López, el presidente Petro solicitó de manera formal la posibilidad de hacer una revisión de costos y hacer el trazado de una parte de la Caracas de manera subterránea.
«Eso no implica que se vaya a modificar el contrato y lo acordado, simple y llanamente se le ha solicitado al contratista presentar una propuesta«, afirmó.
Y esto fue secundado por el MinTransporte, quien señaló: “No ha habido ninguna orden de modificar (el contrato)”.
Cambio en el contrato
Pese a esto, lo cierto es que el cambio que busca Petro para el metro de Bogotá sí requeriría un ajuste contractual y, por ende, enredaría la ejecución de este megaproyecto.
Así lo confirma una fuente con conocimiento del metro de Bogotá, quien aseguró que se debe hacer nueva estructuración técnica, legal y financiera del nuevo trazado subterráneo de la Caracas.
En plata blanca, esto quiere decir que se tendría que armar un nuevo proyecto casi desde cero, con el fin de conocer su alcance y valor a precios actuales.
Posteriormente, sería necesario modificar los siguientes trámites:
- Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)
- Consejo de Política Fiscal (Confis) de la Nación
- Convenio de cofinanciación entre Nación y Distrito
- Ajuste en banca multilateral (Banco Mundial, Banco de Inversiones Europeo y BID)
Con esto presente, sería necesario sentarse con el concesionario actual para modificar el contrato vigente.
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“No es posible hacer esa modificación sin ajustar el contrato de concesión. (…). No es viable hacer eso en el mismo contrato”, dijo el experto.
Y agregó que lo anterior tendría unas implicaciones en tiempo y en dinero, teniendo en cuenta que un megaproyecto como el metro de Bogotá requirió de varios años para recibir luz verde.
Por ende, la entrada en operación, que está prevista para 2028, tomaría unos años más, eso sin contar con su mayor costo por cuenta del dólar a más de $4.000 en Colombia.
¿Detrimento patrimonial?
De otro lado, un cambio en el contrato del metro de Bogotá podría generar una investigación por detrimento patrimonial, teniendo en cuenta las inversiones que ya se han hecho en la ciudad.
Es el caso de lo hecho por la Empresa Metro de Bogotá, cuyos datos señalan que ya se han destinado $1,35 billones con corte a noviembre de 2022.
Lo anterior se ha destinado a traslado de redes de servicios públicos y compra de predios para en el trayecto del metro, que va desde el suroccidente de la capital hasta el nororiente.
Por ende, buena parte de esa inversión “se perdería” y “eso tendría un impacto en el proyecto de años”, señala el experto conocedor del megaproyecto.
Lo anterior si se tiene presente que los predios ya comprados no tendrían mayor utilidad, mientras que los costos de los diseños del metro elevado se perderían, en caso de que no se usen.
Como si fuera poco, el consorcio Metro Línea 1, conformado por las firmas China Harbour Engineering Company y Xian Metro Company, también se verían impactado.
Estas compañías ejecutan el contrato firmado y, a la par, desarrollan los estudios y diseños de fase III, es decir, los últimos que faltan para que inicie la construcción del metro de Bogotá.
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Según ha dicho el concesionario y la Empresa Metro, estos quedarán listos a inicios de 2023, pero un eventual cambio en el trazado del megaproyecto podría generar que estos se ‘echen al trasto’.
“Habría que volver a arrancar de cero, por lo menos en el tramo de la Avenida Caracas”, sentenció el experto.
La palabra final la tendrán el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López, que ahora analizarán el tema en mesas jurídicas y económicas.
Por lo pronto, los contratistas seguirán ejecutando el contrato que firmaron en 2019 con el Estado colombiano.
