Una de las novedades de la ponencia para debates finales de la reforma tributaria en plenarias de Senado y Cámara de Representantes tiene en cuenta un sistema acusatorio y sancionatorio más riguroso para aquellos que en Colombia defrauden al sistema fiscal.
Con esto de base, el proyecto de reforma tributaria ya tiene una propuesta en ese sentido. En primer lugar, se plantea en el documento que el que omita activos o declare un menor valor de estos, o declare pasivos inexistentes, con el propósito de defraudación o evasión, por un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos $1.000 millones), deberá pagar una pena de prisión de 48 a 108 meses.
“El valor de los activos omitidos o de los declarados por un menor valor, será establecido de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del Estatuto Tributario, y el de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en la declaración tributaria”, dice la reforma tributaria.
Ahora, en caso de que el valor fiscal de esa evasión sea de 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, e inferior a 5.000 salarios mínimos mensuales, las penas previstas se incrementarán en una tercera parte. Para los casos en que la falta sea superior a 5.000 salarios mínimos, las penas se incrementarán en la mitad.
Otras penas en el marco de la reforma tributaria
Ahora, en caso de que la falta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, en un monto igual o superior a 100 salarios mínimos, e inferior a 2.500 salarios mínimos mensuales, será sancionado con pena privativa de la libertad de 36 a 60 meses de prisión.
“En los eventos en que el valor sea superior a 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inferior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte y, en los casos que sea superior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad”, concluye el documento.
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Luis Carlos Reyes, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), explicó que la idea es que el país fortalezca sus mecanismos de control y Colombia pueda ver mejores eficiencias en el recaudo, al tiempo que quienes evaden y eluden sus responsabilidades fiscales, de manera intensional, vayan a prisión y el Estado deje de cumplir esa suerte de rol de prestamista.
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