La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) considera que para el sector de generación de energía eléctrica la propuesta incluida en la reforma tributaria relacionada con cambiar los impuestos y planes de internacionalización de las zonas francas es imposible de cumplir.
Según el gremio porque éstas constituyen un servicio público que atiende a todos los colombianos.
Adicionalmente, la implementación de la medida iría en contravía de lo que plantea el Pacto por la Justicia Tarifaria, donde tanto el Gobierno de Colombia como las empresas vienen haciendo importantes esfuerzos, buscando soluciones que beneficien al usuario final.
De otro lado, la Asociación reconoció que el sector eléctrico cuenta con una interconexión eléctrica que representa 1 % de la capacidad instalada de generación.
“Confiando en el país y en la estabilidad jurídica, económica y competitiva que el Estado debe garantizar, las empresas de generación de energía asociadas a Andeg han invertido cerca de US$1.650 millones en los últimos 15 años. Estas inversiones representan más de 2.000 megavatios (MW), el 11 % de la capacidad de generación total”, indicó el director ejecutivo del gremio, Alejandro Castañeda.
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De acuerdo con la agremiación, las principales implicaciones asociadas a los cambios que plantea la reforma tributaria son mayores costos para los usuarios de electricidad y desconfianza en las inversiones futuras por parte de los agentes de la cadena.
En ese sentido, la Asociación estima que el impacto sobre los precios de electricidad, a partir de la nueva tarifa de impuesto de renta para los usuarios de zonas francas, sería superior a los $30/kWh en los contratos de energía, lo que representaría para un usuario residencial un incremento de entre 8 % y 10 %.
Y para un usuario industrial puede representar un alza de entre 12 % y 15 % de aumento en el componente de generación.
“Estos incrementos se reflejarían en mayores tarifas de energía para todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN). En el contexto anterior, y considerando el rol de las plantas térmicas en la formación de precios, el impacto sobre la demanda eléctrica superaría los 2.1 billones de pesos, por lo cual, el efecto neto sería lesivo para los usuarios del sector eléctrico”, puntualizó Castañeda.
Otro aspecto importante es que se produciría una afectación a la confiabilidad que aportan estas generadoras al sistema, toda vez que los 2.000 MW que están disponibles en zonas francas son plantas de generación térmica, ubicadas específicamente en los departamentos Atlántico, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander y Valle del Cauca.
En adición, con el incremento que se daría en los precios de energía por efecto de la modificación del impuesto de renta a las plantas de generación de zonas francas, se exigirá un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Nación, del orden aproximado entre $250.000 millones y $300.000 millones al año respecto a la referencia actual.
Lo anterior, implicaría un impacto directo para las finanzas públicas por las mayores necesidades de subsidios de energía, respecto al ya deficitario fondo de subsidios eléctricos.
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Finalmente, el dirigente gremial aseguró que “el recaudo adicional estimado por efecto de la medida planteada en la propuesta de reforma tributaria, en lo que concierne a las plantas de generación térmica, no sería superior a los $50.000 millones por año, con lo que, sin duda alguna, la iniciativa legislativa de modificación al impuesto de zonas francas en el sector de energía presenta un efecto neto negativo para la sociedad, superior a los $2,2 billones anuales”.
Reiteró que la modificación que se propone desde la reforma tributaria impactará todos los sectores de la economía, afectando de manera importante a los hogares colombianos, dinámica empresarial, desarrollo productivo y social, así como la competitividad del país.
“Significaría un retroceso en los avances que ya se han dado en materia de reducción de precios, gracias al Pacto por la Justicia Tarifaria”, precisó Castañeda.
