Irene Vélez, ministra de Minas y Energía de Colombia, anunció la intención del Gobierno Nacional de renegociar más de 900 contratos de venta entre generadoras y comercializadores de la cadena de energía.
El anuncio se realizó en medio de su participación en la audiencia pública de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes por las alzas de las tarifas de energía.
La jefe de esta cartera indicó que uno de los programas de este Gobierno es el Pacto por la justicia tarifaria el cual se espera sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que debe estar aprobado en febrero de 2023.
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Así mismo, resaltó que se seguirá buscando frenar la «inflación exponencial» que se ha presentado en meses recientes.
Dijo que ya se logró la rebaja del 2,7 % en las tarifas de energía a nivel nacional, y aunque esto no es suficiente, habrá una segunda fase en términos regulatorios que se expresará a finales del año 2022, que consiste en la renegociación de más de 900 contratos entre comercializadores y generadores de energía.
“La región Caribe va a ver nuevamente una mayor reducción en tarifas de energía mientras seguimos trabajando en las soluciones estructurales”, concluyó Vélez.
Pacto por la Justicia Tarifaria
El Gobierno de Petro en cabeza de su ministra de Minas y Energía Irene Velez, estableció el Pacto por la Justicia Tarifaria para solucionar problemas de incrementos en las tarifas de energía ante las peticiones justificadas de los usuarios y distintos mandatarios regionales por el incremento en los precios.
En este convenio la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y actores del sector energético ratificaron el compromiso de reducción de tarifas.
Es así como en su primera etapa de negociaciones 82 empresas en las que se encuentran Isagen, AES Colombia, EPM, Urrá, Celsia, Enel Colombia, Gecelca, Gensa, EEP, Cedenar, Risaralda Energía y Nitro Energy entre otras, se unieron al Pacto, para disminuir las tarifas de energía eléctrica.
De acuerdo con la funcionaria, los acuerdos entre empresas de generación, comercialización y distribución de energía en Colombia, y el Pacto por la Justicia Tarifaria en sí, son los primeros de una serie de pasos necesarios para lograr la transición energética justa.
Para Irene Vélez, este pacto esto es solo el inicio del acuerdo al que el Gobierno, empresas y usuarios deben llegar y es apenas una etapa intermedia en el cronograma.
El propósito del Gobierno es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía entre 4 % y 8 % .
