Desde la llegada del gobierno del presidente, Gustavo Petro, mucho se ha hablado sobre la reforma agraria de Colombia y cuáles son los mecanismos para desarrollarla, ¿pero qué es lo que realmente se entiende por reforma agraria?
En el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común) se fijaron seis puntos principales para poner fin al conflicto armado de más de 60 años que vivió el país desde el origen de ese grupo.
El primero de ellos es conocido como la Reforma Rural Integral, que establece distintas líneas para mejorar las condiciones del campo y resolver el conflicto por la tierra que fue el principal motivo que originó la aparición de guerrillas en el país.
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Los otros cinco puntos son: participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, acuerdo sobre víctimas del conflicto, e implementación.
El capítulo de Reforma Rural Integral incluye temas de acceso, uso y distribución de las tierras en el país, y es en lo que hoy se avanza principalmente desde el gobierno Petro como reforma agraria.
“Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente (…), el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita”, se lee en el acuerdo de paz firmado con las FARC.
Sobre el punto de tierras
Partiendo de la base de su creación, el acuerdo de paz con las FARC establece que dicho fondo, que será de carácter permanente, dispondrá de tres millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación.
Esas tres millones de hectáreas son las que el actual gobierno de Colombia dice que son necesarias comprar y que costarían entre $30 billones y $60 billones.
De acuerdo con declaraciones recientes de la ministra de Agricultura, Cecilia López, hay que tener en cuenta que son cuatro los instrumentos para la entrega de tierras en el país.
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El primero, es el ya mencionado de compra de tierras, y los otros tres son: titulación, tierras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y sentencia de la Corte en lo relacionado a la entrega de baldíos, terrenos que deberán recuperarse y entregarse a quienes cumplan con el perfil de campesinos.
“La titulación es tan importante porque es pasar de una población que no tiene tierra, no tiene ningún documento que lo avale jurídicamente, a pasarlo a legalidad. Los terrenos de la SAE están un poco enredados, pero avanzamos en eso”, señaló en su momento la ministra.
Es por esto que la compra se convierte en una de las opciones más rápidas actualmente y frente a eso el Gobierno recibió una primera propuesta de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), gremio con el que se firmó un acuerdo y al que se le entrará a hacer evaluación de los terrenos.
De otro lado, en días pasados la jefe de la cartera también comunicó que se recibió otra propuesta, que aunque pequeña, de 800 hectáreas, “demuestra que hay intención en el país por avanzar en la reforma”. Este martes, además indicó que hubo una nueva de otras 800.000 hectáreas.
Finalmente, hay que decir que la funcionaria ha indicado que comprar tres millones de hectáreas en cuatro años es prácticamente imposible y que, en consecuencia, la mayor aspiración es dejar el marco jurídico establecido para que los próximos gobiernos puedan realizar esta tarea.
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