El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió a la polémica sobre la continuidad o no de los contratos vigentes de exploración de gas y petróleo en Colombia.
De acuerdo con el mandatario colombiano, no es cierto que los contratos ya vigentes para la exploración de gas y petróleo se vayan a detener. Dijo Petro, en su cuenta en Twitter, que en el país no se ha prohibido la actividad que busca más petróleo y gas.
Explicó Petro: “Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasifica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición”, sentenció el presidente.
La incertidumbre sobre este punto, vale tener en cuenta, ha explicado buena parte de la apreciación del dólar en Colombia y ha llevado a que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunciara sobre con un llamado a la calma a los mercados.
La postura del MinHacienda sobre la exploración de petróleo y gas
El ministro Ocampo ha sido enfático en que no se ha tomado una decisión final sobre lo que va a pasar con la exploración y producción de materias primas en el país, esto a pesar de que desde el Ministerio de Minas dan como hecho que los nuevos contratos no se firmarán.
De hecho, el mismo presidente Petro ha hecho un llamado para que las empresas petroleras en el país mantengan su capital en Colombia, pero sobre la base de que son necesarias más retribuciones económicas a manos de estas firmas en el país, por lo que será clave que se aprueben las disposiciones en la reforma tributaria.
Recomendado: MinHacienda de Colombia desmiente que no se vayan a firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas
El mercado ha pedido, adicionalmente, que se entregue mayor claridad sobre cuál será el futuro del sector y cuáles son las bases que ve el gobierno Petro sobre el proceso de transición energética.
Desde la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), entre otros gremios del sector, han pedido tener cuidado con las propuestas impositivas para el segmento toda vez que no se puede liderar una política pública macroeconómica que marchite al sector que más ingresos le suponen al país.