El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió este jueves con una nueva propuesta en la que sugiere acabar con la contratación por prestación de servicios en Colombia.
Hay que decir, sin embargo, que esta no es la primera vez que el Gobierno manifiesta esta opción, pues la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también lo ha hecho en ocasiones previas, incluso, desde su posesión. .
“En el mundo formal creemos que el contrato por prestación de servicios, no laboral, que encubre una relación laboral de manera mentirosa, solo para sobre explotar al y a la trabajadora, debe pasar a la historia y que debemos volver a relaciones laborales pactadas”, dijo el presidente.
Además, Petro insistió en que eso no va a acabar la economía, “pues yo lo que veo es que las economías más desarrolladas tienen salarios más altos que nosotros”.
Un contrato por prestación de servicios es una vinculación que se hace entre un empleador y una persona para llevar a cabo una función u actividad específica en un periodo de tiempo pactado.
Por ser un contrato civil y no laboral, este no determina la obligación del empleador de pagar prestaciones sociales y otros beneficios a la persona contratada.
Para este grupo, la base de cotización es completa, es decir, cerca de 40 %, que se deducen en pensión y salud.
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Con respecto a la propuesta del presidente Petro hay que tener en cuenta que actualmente el Estado es el mayor empleador de trabajadores con vinculaciones laborales a través de contratos por prestación de servicios, que no tienen beneficios como vacaciones, primas, cesantías y demás.
César Manrique, director del Departamento Administrativo de Función Pública en Colombia, puntualizó, en entrevista con Blu Radio, que son 911.440 los contratos por prestación de servicios actualmente en el Estado. Además, reiteró el compromiso de este gobierno por acabarlos y aunque se espera que sea un trámite que demore algún tiempo, se proyecta que el otro año haya ya un avance en este sentido.
“Lo que ellos pagan hoy, se lo va a pagar el estado y va a tener vacaciones y demás. La intención es quitar la precariedad con la que trabajan”, argumentó el funcionario en el medio de comuncicación.
Expertos aseguran que la medida de quitar este tipo de contratación debe ser analizada con detenimiento pues puede llegar a ser inviable por factores como la alta inflación, el dólar (que se encuentra en máximos históricos en niveles de $4.900) y el salario mínimo arriba de $1 millón.
Además, es necesario reformular constitucionalmente la forma como está planteado.
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