En el marco de la iniciativa del presidente Gustavo Petro de que se cambie la política de lucha contra las drogas y se entre a un proceso de legalización y regulación de la misma, el mandatario colombiano ha asegurado que el cambio implicaría nuevas lógicas económicas.
Partiendo de la base de que, según Petro, la guerra contra las drogas no ha dejado los resultados deseados, la idea de legalizar su producción y consumo es una salida viable.
Lo anterior sobre la base de que el consumo, desde algunas medidas de prohibición, siguió aumentando.
Mientras que los efectos en la violencia se han incrementado por los carteles que se encargan de controlar las lógicas de producción y territorios de transporte de la misma.
Sobre la propuesta del presidente Petro, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, apoyó la medida e incluso fue más allá.
Legalizar y gravar a la cocaína
De acuerdo con Reyes “si se legalizaran las drogas a nivel global, el tráfico de cocaína se volvería un negocio insignificante. Como la coca se da hasta en tierras áridas y procesarla cuesta poco, nadie se volvería a enriquecer con ella como las FARC o los carteles de Medellín, de Cali, del Golfo y de Sinaloa”, dijo Reyes en una columna de opinión publicada en El Espectador.
El funcionario incluso fue más allá y, ante un trino del presidente Petro sobre la idea de cambiar la lucha contra el narcotráfico, haciendo referencia a un artículo de The Economist, el director de la DIAN indicó cuál sería el paso a seguir.
“Hay que legalizar y gravar la cocaína. Y hay que penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre $40 billones y $80 billones que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos. Como están las cosas, en Colombia no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor”.
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De momento, sobre este último punto, Reyes le había confirmado a Valora Analitik que ya estudiaban cuáles son las sanciones penales que van a incluirse en el marco de la reforma tributaria, con miras a controlar las prácticas de evasión.
