La ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, sorprendió luego de proponer un control de precios en el marco de la discusión del aumento del salario mínimo para el país de cara al año 2023.
Según Ramírez, con la idea de mantener un incremento importante del salario mínimo, sería clave ver que se lideren otros cambios para que los trabajadores del país no sufran una pérdida muy grande del poder adquisitivo.
En ese sentido, la idea de congelar los precios de la canasta básica, según la ministra de Trabajo, podría ser una solución en el corto plazo, mientras se sopesan los efectos inflacionarios externos y lo que pueda pasar con la caída de la actividad económica del próximo año.
Sin embargo, la propuesta despertó polémica entre analistas y empresarios, quienes ven la iniciativa como “perjudicial” para la salud económica del país, toda vez que el control de precios lo que llevaría es a una nueva escalada inflacionaria.
María del Pilar López, economista, doctora en Desarrollo Económico e historiadora, explicó que los efectos de una medida como la que menciona la ministra Ramírez tendría efectos contrarios para la economía nacional en un momento en el que la alta inflación pasa factura al país.
“No hay evidencia (incluida en Colombia en 1930s) donde esta medida funcione para contener incrementos en precios. Todo lo contrario, genera escasez y escalona más la presión al alza de precios”, dijo López.
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Agregó la experta que el salario mínimo sí debe subir mínimo la inflación. “Es lo correcto para mantener el poder adquisitivo. El problema es cuando sugieren que el salario mínimo debe ser subir el doble que la inflación + productividad”.
Más posturas sobre el impacto a la inflación
A su turno, el profesor de la Universidad Nacional, Raúl Ávila, llama la atención en que si bien suena atractivo lo de congelar precios en un momento en el que hay inflación tan alta desde el lado de los alimentos, hay también muchos riesgos.
“Los alimentos tienen costos e insumos que vienen de muchos segmentos y habría que seguir congelando en otros eslabones. A la hora del té, congelar precios lleva a congelar, por ejemplo, servicios públicos y de combustibles”, complementó Ávila.
Y es que hay que recordar que, a septiembre de 2022, la inflación anual del país escaló al 11,44 %, pero la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas repunta hasta el 26,62 %.
Sin embargo, Ávila es enfático en explicar que, si bien los precios están presionando el bolsillo de los hogares colombianos, sobre todo de los más vulnerables, un congelamiento de precios en ese sentido terminaría por ahondar en esa brecha.
A ojos de Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), la propuesta no parece ser la correcta para intentar no afectar el poder adquisitivo de los trabajadores en el país.
“Cuando un funcionario público no ha pagado una nómina en su vida, y no ha hecho empresa, plantear propuestas utópicas es muy fácil. Rechazamos contundentemente cualquier posibilidad de controlar precios. Esto llevaría a Colombia a un desabastecimiento, pues los empresarios no van a comprar productos si van a perder plata al venderlos”, dijo Cabal.
Adicionamiento, Cabal llamó la atención en que un control de precios puede llevar a un incentivo del contrabando en el país y por eso, desde los comerciantes, ven “supremamente extraño” este tipo de iniciativas.
La ministra de Trabajo, finalmente, advirtió que la discusión de este debtae hará parte de la mesa de concertación del aumento del salario mínimo en Colombia, haciendo la salvedad de que solamente es una propuesta.
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