Después de cuatro semanas de la puesta en marcha del cronograma con las medidas a corto y mediano plazo para mitigar el alza de las tarifas de la energía eléctrica en Colombia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y actores del sector energético ratificaron el compromiso de reducción de tarifas de energía.
Este compromiso ya tuvo unos resultados –en su primera etapa de negociaciones-: 82 empresas se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, para disminuir las tarifas de energía eléctrica para los colombianos.
“Este Pacto por la Justicia Tarifaria es la respuesta a ese clamor de los ciudadanos que han visto su bolsillo a casusa de las elevadas tarifas de energía eléctrica. Sabemos que desde diciembre de 2020 ha habido un efecto inflacionario en las tarifas derivado de una situación global, pero que ha afectado de manera diferenciada a los pobladores colombianos, en particular, a los de menores recursos”, precisó la ministra Vélez.
Según el cronograma planteado, el pasado siete de octubre se cumplió el plazo de la etapa de ajustes en las metodologías tarifarias y en los contratos de energía.
Las generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras manifestaron públicamente su voluntad de acogerse al Pacto por la Justicia Tarifaria y buscar alternativas para reducir efectivamente y, en el corto plazo, las facturas del servicio de energía eléctrica en los distintos rincones del territorio nacional.
Según reportó Vélez, 82 empresas se sumaron a las medidas para reducir los componentes de generación, transmisión y distribución. En total, 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales 54 % se asocian al mercado regulado y 46 % al mercado no regulado.
De acuerdo con la funcionaria, los acuerdos entre empresas de generación, comercialización y distribución de energía en Colombia, y el Pacto por la Justicia Tarifaria en sí, son los primeros de una serie de pasos necesarios para lograr la transición energética justa.
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“La transición energética justa pasa necesariamente por la democratización de la energía. La justicia tarifaria es solo uno de los componentes porque sabemos que necesitamos diversificar la matriz energética, y allí potenciar las energías renovables no convencionales”, explicó Irene Vélez.
Para Irene Vélez, este pacto esto es solo el inicio del acuerdo al que el Gobierno, empresas y usuarios deben llegar y es apenas una etapa intermedia en el cronograma.
“Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes; sin embargo, reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto”, recordó.
Cabe recordar que estos acuerdos constituyen la primera etapa de un proceso orientado a que el usuario sea el centro de la política pública del servicio en materia de cobertura, calidad y precios razonables.
El propósito del Gobierno es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía y, para este fin, los empresarios se comprometieron con que este cambio se manifestará desde noviembre de este año. Este acuerdo queda en firme este miércoles 12 de octubre de 2022.
¿En qué consistió el Pacto por la Justicia Tarifaria?
De acuerdo con la ministra, en primer lugar, se evidenció una renegociación de los contratos bilaterales, que ha permitido afectar a más del 69 % de esas negociaciones (de la compra y venta de energía que se da entre generadores y comercializadores).
Por otro lado, se han involucrado a seis de las 11 transportadoras de energía y a la mitad de las empresas distribuidoras. “Todo esto nos da un balance general que va a impactar positivamente las tarifas de energía en el país. A finales de este año percibiremos una reducción que está del orden de entre 4 % y 8 %”, ratificó Vélez Torres.
Entre tanto, la funcionaria reveló una segunda medida derivada del Pacto por la Justicia Tarifaria: en adelante, el indexador -que es el mecanismo con el cual se afecta cada uno de los componentes de la tarifa- será el menor entre el IPP y el IPC; de manera que se controle la inflación que se evidencia en las tarifas de energía.
Asimismo, el sector y el Gobierno Nacional, en conjunto con la CREG, trabajan en fijar un nuevo indicador especifico para el sector eléctrico que podría permitir considerar, de manera diferenciada, varias formas de generación de energía y la forma en cómo se comportan los componentes respecto a inversiones y su participación en el total de la definición de la tarifa.
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Tarifas de energía y regulación
La ministra Vélez y la viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz, han materializado el cronograma de ejecución del paquete regulatorio y lo dispuesto en la Resolución 101 de 2022, que permite la renegociación de los contratos del mercado regulado entre los comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y el ajuste del indexador.
Los anuncios sobre los avances en el Pacto por Justicia Tarifaria, fueron hechos este miércoles por la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres; el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Valencia Marín.
Además, de la presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez; el director general de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur; y la directora sectorial de energía y gas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Katherine Simancas.
