Una de las dudas más importantes sobre cómo va a financiarse la compra de las tres millones de hectáreas, en el marco del acuerdo con los ganaderos de Colombia, es cómo va a hacer el Gobierno para pagar por estas tierras.
Las cuentas preliminares del presidente Gustavo Petro dejan ver que, atendiendo el valor de mercado de estas tierras, las tres millones de hectáreas tendrían un valor hasta de $20 millones, lo que le dejaría un total de entre $30 y $60 billones como valor total para la iniciativa.
El presidente Petro, en días recientes, explicó que el plan demandaba, en gran parte, revisar el actual Marco Fiscal de Mediano Plazo, que fue construido por la administración del expresidente Iván Duque. Lo anterior pues era un palo en la rueda para establecer las prioridades de endeudamiento del nuevo Gobierno.
Descartada la iniciativa de que la compra de tierras improductivas a manos del Estado se haga a través de recursos que se vayan a recoger con la reforma tributaria que el Gobierno tramita en el Congreso, sigue la duda de dónde llegarán los recursos.
Perspectivas de endeudamiento
En ese sentido, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo este viernes 7 de octubre que la reforma agraria, en la que se contempla la compra de estas tierras, debe ser financiada.
Sin embargo, desde el Gobierno se mencionó la posibilidad de que esa compra de tierras se diera a través de la emisión de Títulos de Tesorería (TES) del país, pero Ocampo aseguró: “No sé si se dijo eso o no, pero desde el Ministerio de Hacienda es claro que no se puede hacer: no se pueden comprar tierras con TES”.
Con la posibilidad de hacer intercambios de TES para tratar de reducir el costo de financiamiento y, de esta manera, buscar los recursos para la compra de tierras, agregó Ocampo que aún si se usara ese mecanismo en un proyecto de ley, igual habría que tener muy presente la Regla Fiscal y su cumplimiento.
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De momento, varios analistas han pedido tener muy en cuenta cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, toda vez que la iniciativa de volver productivas esas tierras y llevar a cabo una compra “racionalizada” de las mismas es lograble, siempre y cuando se tenga claro de dónde va a venir el dinero y cómo va a impactar en las métricas de deuda del Gobierno.
