La agencia Fitch Ratings publicó un nuevo análisis sobre la coyuntura del sector energético en Colombia, resaltando que los esfuerzos políticos para contener el aumento de las tarifas eléctricas pueden indicar una mayor intervención del gobierno y podrían debilitar los perfiles crediticios de las empresas de servicios públicos. Ver más noticias de Minería y Energía
En este sentido, dijo Fitch Ratings que la incertidumbre política y los resultados regulatorios desfavorables, como la falta de procesos transparentes o independientes, son riesgos clave para el perfil crediticio de las empresas de servicios públicos reguladas.
“Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la presión inflacionaria en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”, apuntó el análisis.
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Esto pues la mayoría de las empresas de servicios públicos colombianas tienen calificaciones de grado de inversión sólidas y bajas y perspectivas estables. Sin embargo, un cambio estructural material en el entorno regulatorio de la electricidad debido a la interferencia política podría influir directamente en los perfiles crediticios de las empresas de generación, distribución y transmisión de electricidad, e indirectamente en los servicios de agua y distribución de gas natural. Estos sectores comprenden aproximadamente el 55 % de la cartera de empresas no financieras calificadas por Fitch en Colombia.
Hay que recordar que el Gobierno de Gustavo Petro ha señalado la posibilidad de intervenir entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que ha causado ruido en el espectro político y económico en el país.
El enfoque de Fitch considera los márgenes de beneficio del riesgo y las medidas de protección financiera que pueden verse erosionadas y las calificaciones afectadas negativamente en mercados donde el objetivo de la autoridad reguladora es reducir los precios para el usuario final.
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“La mayor interferencia del gobierno en las regulaciones de los servicios públicos, un marco regulatorio sesgado hacia las necesidades de los usuarios finales a expensas de los participantes del sector o un retraso significativo para recuperar el capital y los costos de operación son factores que se consideran inconsistentes con los entornos regulatorios de grado de inversión. Fitch monitoreará y evaluará cualquier cambio estructural en el marco regulatorio antes de tomar cualquier acción sobre la cartera de calificaciones de las empresas de servicios públicos”, apuntó la calificadora al respecto.
También se destaca que el procedimiento de fijación de tarifas para las empresas colombianas de transmisión y distribución históricamente ha sido transparente e inclusivo, consistente con una evaluación de grado de inversión bajo el enfoque de Fitch.
La agencia Fitch ha destacado la sólida estructura regulatoria de Colombia como un beneficio para los perfiles crediticios, equilibrando el interés de los usuarios finales con los retornos de las empresas de servicios públicos, a pesar del retraso ocasional en el ciclo de revisión de tarifas. Para el negocio de generación, las regulaciones han evolucionado para asegurar la confiabilidad del sistema a largo plazo.
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A agosto de 2022, la factura eléctrica promedio anual en Colombia aumentó 25,9 % mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 10,8%. En respuesta a la presión externa, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha propuesto diferentes alternativas para frenar las presiones inflacionarias sobre los usuarios finales. Estos incluyen el uso del índice de precios al productor (IPP) o IPC, el más bajo, como base para determinar las tarifas eléctricas en el corto plazo, y la creación de un indexador específico para el sector eléctrico en el mediano plazo.
Actualmente, las tarifas eléctricas colombianas se calculan utilizando una variedad de medidas predeterminadas de inflación de costos. Para las empresas de generación, por ejemplo, los acuerdos de compra de energía generalmente están indexados al IPP, mientras que la actividad de transmisión a menudo se indexa utilizando el IPP local o incluso de EE. UU., dependiendo de los activos. La actividad de distribución se indexa utilizando tanto el IPP como el IPC para los gastos de administración, operación y mantenimiento.
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