Son varias las herramientas de las que dispone un gobierno nacional para “tener control” sobre aspectos básicos de la economía nacional. Estos controles de precios suelen darse para ponerle coto a un mercado que exagera en los valores o existen casos en los que estos se fijan para impulsar a un segmento. También en escenarios de alta inflación.
En Colombia, la idea de controlar precios ahora se menciona para el caso de los alimentos, esto por una inflación anual que acumula un crecimiento del orden del 26 %, viendo casos críticos como el de la yuca, con inflación del 131,08 % a agosto de 2022.
Al ser consultado por la opción de decretar un control de precios de los alimentos, el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, advirtió que no se sopesan medidas en ese sentido, pero en cambio sí se puede hacer uso de herramientas “no convencionales” en caso de que la inflación de alimentos siga profundizando el problema del hambre en el país.
Pero hay que tener en cuenta que el control de precios, en periodos inflacionarios tan complejos, no es algo absurdo. Basta con ver las medidas que en Reino Unido se han tomado para congelar los precios de algunos servicios como la energía eléctrica o el gas.
Posturas externas
Sin embargo, vale mencionar que el control de precios, al final, se traduce en una restricción al libre mercado. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en varias ocasiones, se ha pronunciado sobre este tipo de disposiciones.
Por ejemplo, en 2021, España impuso un control de precios para mantener bajo cintura los precios de los arriendos, una medida que, recuerda el medio ABC, criticó el organismo multilateral por distorsionar al mercado.
Colombia ya cuenta con una serie de disposiciones para tener un control de precios para ciertos segmentos. Una de las entidades encargadas de regularlo es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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Recuerda la entidad que tiene “asignada la competencia de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los regímenes de control de precios establecidos”.
Estos precios corresponden, en palabras de la SIC, a:
- Agroquímicos: según las disposiciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural bajo el régimen de libertad vigilada (reporte de precios).
- Compra de leche cruda: según las disposiciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural bajo el régimen de libertad regulada (todas las personas naturales o jurídicas que adquieran leche cruda con fines industriales o comerciales deben aplicar el sistema de pago establecido por el Gobierno Nacional).
- Medicamentos y dispositivos médicos: según las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social bajo dos (2) regímenes: (i) libertad vigilada (reporte de precios) y (ii) Control Directo (precio máximo).
Solo para tener un ejemplo, en el caso del control de precios a la leche, se busca tener vigilancia sobre componentes como la grasa, proteína y sólidos totales.
Mientras que en el caso de los alimentos se tienen en cuenta precios máximos de venta para laboratorios, distribuidores y mayoristas, incluidos fabricantes e importadores.
De momento, el control de precios de los alimentos no es una intención en materia de política pública a manos del gobierno del presidente Gustavo Petro; sin embargo, sí se sigue de cerca lo que pueda pasar con el aumento de los costos de los insumos, entre otros.
