La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) define al Acuerdo de Escazú como un tratado negociado y acordado “en forma transparente y participativa” por los estados de Latinoamérica para beneficiar a sus ciudadanos y el medio ambiente. Lea más de Valora Sostenible.
Este es un Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido en la opinión pública como el Acuerdo de Escazú.
Según la Cepal, este Acuerdo es importante porque es el primero en la región, y el único en el mundo, que incorpora disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales.
“Pone énfasis en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, forma de no dejar a nadie más atrás”, precisa el organismo.
De acuerdo con Beatriz Ortiz, directora del Observatorio de Economía Circular de la Universidad de La Salle explicó que “esta es una herramienta internacional que busca mejorar la participación ciudadana en temas ambientales y en la protección de los derechos de quienes son líderes en el tema”.
Para la académica, este proyecto de ley en Colombia es importante porque entrega un reconocimiento de las herramientas de participación debido a que “entre más se garantice una mayor oportunidad de intervención segura y efectiva de los ciudadanos en temas ambientales, se puede generar un buen desarrollo económico con foco en la economía circular”.
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Lo que termina por permitir, desmitificar y dejar de lado la estigmatización de quienes se vinculan a los temas medioambientales en el país, de acuerdo con la docente de Unisalle.
Importancia del Acuerdo de Escazú
Este Acuerdo establece objetivos claros para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental; de esta manera, las personas pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales.
También, su importancia radica en que las personas podrán acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente.
Entre tanto, el Acuerdo de Escazú pretende promover la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Según la Unisalle, dentro de sus objetivos está el promover el acceso a la información ambiental de manera transparente, así como su forma de generación y divulgación. También contempla el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la garantía de los derechos de las personas que apoyan dichos temas.
En esta infografía interactiva se exponen algunas razones de conveniencia y viabilidad jurídica para ratificar el Acuerdo de Escazú en Colombia, basados en información de Escazú Ahora, la Universidad del Rosario, WWF Colombia, la Universidad de los Andes, Asociación Ambiente Sociedad, Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública, Red por la Justicia Ambiental en Colombia, entre otras organizaciones:
¿Cómo hacer parte del Acuerdo?
El Acuerdo de Escazú está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, prevé dos procedimientos para que los Estados se hagan parte de él:
- Ratificación: Si el país firmó antes del 26 de septiembre de 2020
- Adhesión: Si el país no firmó antes del 26 de septiembre de 2020
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De acuerdo con la Cepal, el Acuerdo estuvo abierto a la firma entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York.
Los 24 países que lo firmaron podrán depositar sus instrumentos de ratificación en cualquier momento. Vale decir que los países que no hayan firmado el Acuerdo antes del 26 de septiembre de 2020 podrán adherirse a él en un único paso.
Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú entró en vigor entró en vigor el 22 de abril de 2021, según las Naciones Unidas. La iniciativa ha sido calificada de “pionera” y que es capaz de “brinda esperanza e inspiración”.
De acuerdo con información de la WWF Colombia, “aunque el país es uno de los más peligrosos del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, la ratificación de este tratado internacional, que busca abordar esta problemática, sigue en veremos”.
Para la entidad, aunque en Colombia hay herramientas e instrumentos para proteger el ambiente y propiciar la participación ciudadana, éstos “no son suficientes ni efectivos para garantizar los derechos en materia ambiental”.
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La WWF resalta que, aunque la Constitución Política de 1991 consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, con un alcance constitucional a la participación ciudadana en materia ambiental; 28 años de la legislación ambiental (Ley 99 de 1993); y 27 años de la primera ley de participación ciudadana, el país sigue siendo uno de los lugares más riesgoso para la defensa del ambiente.
