La Procuraduría General de la Nación pidió a las entidades contratantes del orden nacional adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021. Vea más de política aquí
La decisión de la Corte autorizaba la celebración de convenios interadministrativos para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación vigencia 2022, firmados por la extensión de la ley de garantías.
El Ministerio Público formuló requerimientos a las alcaldías y gobernaciones del país para que informen, tanto de la suscripción de los convenios interadministrativos con la Nación, como de los contratos celebrados con terceros.
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Así mismo, el Viceprocurador General de la Nación impartió instrucciones a las procuradurías regionales, distritales y provinciales para la vigilancia preventiva de los convenios interadministrativos celebrados entre la Nación y las entidades territoriales, con el fin de que los recursos públicos involucrados se utilicen con fines diferentes al interés general.
En cumplimiento de dicha directriz, las procuradurías territoriales realizaron, en mayo de 2022, visitas a las gobernaciones y alcaldías para verificar el estado y ejecución de los convenios y contratos.
La Procuraduría continuará cumpliendo su función preventiva y de control de gestión de manera que los recursos correspondientes sean reintegrados a la Nación.
