La Corte Internacional de La Haya (CIJ), este jueves 21 de abril de 2022, falló contra Colombia ante las presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, que ha sido litigado desde años atrás con Nicaragua. Lea más de política.
Cabe recordar que este fallo había sido interpuesto por Nicaragua el 26 de noviembre de 2013, en el marco del histórico diferendo fronterizo entre estos dos países, alegando que Colombia había violado sus derechos soberanos para explorar y explotar los recursos naturales.
Colombia en su contrademanda aseguraba que los habitantes del Archipiélago de San Andrés, particularmente los raizales, disfrutan de los derechos artesanales de pesca en los bancos ubicados más allá del territorial de las islas del Archipiélago y que Nicaragua ha infringido dichos derechos.
En segundo lugar, Colombia desafía la legalidad de las bases definidas por los decretos 33-2013 de agosto de 2013.
Entre tanto, la Corte determinó que Colombia violó la soberanía y la jurisdicción de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y ordenó cesar de forma inmediata su conducta.
Entre tanto, la autoridad internacional ratificó que la conducta de Colombia va en contravía de los artículos internacionales y que, en efecto, violó los derechos del país vecino en su zona exclusiva económica y marítima, tratando de ejercer control sobre los ejercicios de conservación.
Recomendado: Habrá nuevas audiencias sobre disputa territorial entre Colombia y Nicaragua
Además, la CIJ manifestó que Colombia ha estado autorizando la pesca en parte de la zona económica exclusiva de Nicaragua, en especial en la zona de Luna verde.
Sin embargo, Nicaragua no pudo probar si hubo o no violación de los derechos de ese país con la presencia de las operaciones que realiza la fuerza Armada de Colombia en el territorio nicaragüense y por algunos permisos de pesca que Colombia expidió, relató la Corte Internacional.
De manera que la CIJ procedió a establecer una desestimación a este punto por falta de pruebas por parte de Nicaragua.
Hasta el momento, la Corte Internacional declaró que continúan las investigaciones para determinar con exactitud si Colombia autorizó las actividades de pesca en dichas zonas de propiedad de Nicaragua.
“Con relación a las evidencias colombianas, la Corte considera que el reporte y las bitácoras tienen valores probatorios, ya que la mayoría de ellos proporcionan información de fuentes directas y contemporáneas. La Corte va a tener en cuenta las indicaciones especiales a la evidencia que admite o establece hechos que son los favorables para Colombia”, manifestó la CIJ.
Adicionalmente, la alta Corte aseguró que, con la evidencia que fue presentada por Nicaragua, tratará con precaución los reportes presentados por Colombia que “parece que han sido preparados especialmente para los fines de este caso”.
Reacciones de Colombia
Al respecto, Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la CIJ, aseguró que “Colombia está muy satisfecha con la decisión, pues la Corte le dio la razón en uno de los argumentos más importantes de toda la controversia”.
Arrieta indicó que la CIJ no dijo que Colombia había incumplido el fallo de 2012 y “esto es crucial. No hubo ningún tipo de violación alterna, por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia, lo reconoció la Corte. Lo que es un gran éxito por parte del país”.
Añadió que la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y del derecho que tiene Colombia, a través de la Armada Nacional, de hacer presencia en aguas alrededor del Archipiélago de San Andrés y Providencia, y en el Caribe occidental en general. Así como para la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
En tercer lugar, de acuerdo con Arrieta, la Corte reconoció que todas las islas y cayos colombianos en el Caribe tienen derecho a una zona en 12 millas náuticas más allá de las 12 millas del mar territorial.
“Esto es de enorme relevancia, en la medida que nos permite reintegrar el Archipiélago cuya integridad se vio afectada por la decisión de la Corte en el 2012. Nicaragua pretendía quitarnos ese derecho, pero la Corte lo mantuvo”, indicó el agente de Colombia ante la CIJ.
¿Qué debe hacer Colombia?
La Corte Internacional de la Haya solicitó a Colombia que se hagan ajustes al Decreto 33 en cuanto a la extensión a algunos lados y atribuciones del país, de acuerdo con las declaraciones de Arrieta.
Recomendado: Gobierno de Colombia rechaza ley aprobada en Nicaragua sobre Biósfera Seaflower
Pero, indicó el agente, en esencia se mantuvo el concepto de integralidad, de la figura de la zona contigua y de la posibilidad de que sea un instrumento de reintegración del Archipiélago.
Además, la Corte reconoció que Colombia tiene derechos de pesca y de tránsito en las aguas alrededor del Archipiélago de San Andrés y Providencia que deben ser reconocidas y protegidas por los Estados.
“Esto es de gran importancia para la comunidad, pues Nicaragua había negado, por completo, su existencia y es el resultado de un trabajo conjunto con el equipo de defensa y de los representantes de la comunidad raizal”, precisó Carlos Gustavo Arrieta.
Entre tanto, la Corte no aceptó la petición de Nicaragua de mantener su jurisdicción para continuar conociendo el estado del proceso y, además, tampoco aceptó la solicitud de ese país de decretar compensaciones a favor de Nicaragua.
Al respecto del fallo, el presidente de Colombia, Iván Duque, señaló que la Corte reconoció el derecho a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos trasnacionales y del narcotráfico.
“Desde un comienzo, esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy”, indicó el jefe de Estado.
