La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó a Ecopetrol la licencia para iniciar el proyecto piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales (PPI), bajo la técnica de fracking, que se plantea en la zona de Puerto Wilches en Santander.
El proyecto piloto, denominado Kalé, busca desarrollarse para consolidar información técnica, ambiental y social, clave para un futuro escenario en el que se permita la implementación del fracking como una nueva práctica de exploración petrolera en el país.
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Ecopetrol ha proyectado que este proyecto perfore un pozo de 200 pies (60,96 metros) que contará con una trayectoria de hasta 4.000 pies, es decir 1.219 kilómetros.
Para obtener esta autorización, Ecopetrol ya había presentado estudios de impacto ambiental para Kalé (el primer piloto), requisito para solicitar la licencia, que se radicó el 29 de octubre del 2021 y en Platero (el segundo piloto) el 15 de febrero de 2022.
Los resultados del estudio aportan información científica sobre las características de los ecosistemas, incluyendo nuevas áreas del conocimiento como calidad de aire, paisajes sonoros, isotopía de aguas superficiales y subterráneas, fuentes naturales de radiación ionizante (Norm), caracterización de la biodiversidad (Metabarcoding) y condición de invertebrados acuáticos, entre otros.
De hecho, también se han realizado más de 400 socializaciones con la comunidad y se harán las que sean necesarias para que la gente de la zona y del país entienda la importancia del fracking, explicó Ecopetrol al respecto.
El estudio de impacto ambiental representa, a su vez, una línea base para la ejecución y establecer medidas de manejo ambiental para proteger los ecosistemas. Además, constituye una fuente de conocimiento sobre el territorio, que estará disponible para consulta pública.
Primeras reacciones ante autorización de la ANLA
A pesar de la autorización entregada por la ANLA, organizaciones como la Alianza Colombia libre de Fracking, ya se pronunciaron en contra de la medida, pues cree que dicha actividad extractiva, de tipo hidráulico, debe ser censurada, ya que contradice la Constitución ecológica de 1991, el Acuerdo de París, el Convenio de Río de Janeiro, la Convención Ramsar, entre otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
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“Es lamentable que un tema fundamental en materia energética no se haya debatido en el Congreso de la República, donde los aliados del gobierno dilataron por tercera vez consecutiva la discusión de los proyectos de ley para prohibir el fracking, y sea decidido por el Gobierno Duque, de afán, sin garantías, y a pocos meses de la posesión de un nuevo presidente”, explicó la Alianza Colombia Libre de Fracking en un comunicado.
Y concluyó que “la decisión de la ANLA se da sin la participación amplia e informada de las comunidades de Puerto Wilches y el Magdalena Medio, donde por más de 100 años se han sufrido las consecuencias de degradación ambiental y social asociadas a la explotación de hidrocarburos de manera convencional”, señalaron, al tiempo que cuestionaron “la ausencia de calidad técnica de un proyecto supuestamente de carácter científico, así como la falta de rigor de la entidad para evaluar un Estudio de Impacto Ambiental con serias falencias en la definición del área de influencia, los temas biótico, hidrológico, hidrogeológico y de salud, e invisibilizando la pesca artesanal, entre otros hallazgos técnicos relevantes”.
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