Desde que en 2021 se aprobó la reforma tributaria liderada por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se había mencionado como imperativo el contar con una nueva iniciativa que ayudara mejorar las métricas de recaudo y deuda del Gobierno de Colombia.
Sin embargo, el ambiente político, el ambiente social y ahora el ambiente financiero parecen estar cambiando de ruta esa necesidad e incluso se plantea la posibilidad de que ya no sea un infaltable en 2022.
Desde que Colombia mejoró en sus perspectivas de crecimiento de 2021, anclado esto en parte a mejores datos de recaudo, se ha venido disipando la idea de una reforma tributaria que, entre otras, aumente la base de personas naturales que declara y paga impuesto sobre la renta.
El debate vuelve al escenario nacional luego de que un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) pidiera como necesaria una reforma tributaria en la que se aumenten los ingresos del Gobierno.
Lo anterior supone la meta de seguir reduciendo la deuda del Gobierno Central al tiempo que se equilibra la cancha entre personas jurídicas y naturales.
Mejores datos de deuda
El llamado de atención se hace incluso después de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer un Plan Financiero sorpresivamente positivo en términos del manejo de la deuda.
Por ejemplo, la deuda bruta de Colombia no tendrá que esperar al 2024 para caer, sino que arrancó a descender desde 2021 y continuará en 2022. Con las previsiones que se tienen llegará al 62,7 % del PIB en 2022; es decir: Colombia deberá esperar 10 años menos para que la deuda caiga.
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Con este contexto, y a ojos del mismo presidente Iván Duque, Colombia no debería verse inmersa en una nueva reforma tributaria a manos del Gobierno que llegue a la Casa de Nariño, en agosto de este año.
Para Duque, los resultados expuestos, más los efectos que tendrá en 2023 la reforma tributaria aprobada el año pasado, dejan el terreno fértil para que el próximo Gobierno “no tenga que presentar ninguna reforma fiscal”.
Más recomendaciones
El punto está en que, como también lo dijo S&P Global Ratings, Colombia igual sigue enfrentada a riesgos políticos y económicos que mantienen en observación permanente los signos vitales de su salud fiscal.
En un reciente informe sobre Colombia, y la eventualidad de una rebaja de la calificación, S&P explica que, el tener un crecimiento del PIB menor al esperado, “podría contribuir a déficits fiscales consistentemente más altos que los proyectados y un aumento constante en la carga de la deuda del Gobierno, lo que llevaría a una rebaja”.
La Ocde también concuerda en ese escenario, por lo que el país debería tener un colchón en caso de emergencia. Ese salvavidas sería una reforma que impulse las finanzas públicas, pero sin ser una carga extra para los empresarios del país.
En el horizonte queda una variable de peso: el ambiente social y político. El verdadero futuro de la reforma tributaria se va a definir una vez se conozca el desenlace de las elecciones presidenciales, pero teniendo de base qué tanto capital político y social acumule el nuevo ejecutivo.
Lisandro Junco, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ya le había manifestado a Valora Analitik que pareciera no existir el ambiente para una nueva reforma tributaria, al tiempo que se hacía el esfuerzo por dejar cuentas sólidas para el nuevo mandato.
De momento, hay que recordar que la decisión de los empresarios de recibir gran parte de la carga de la reforma tributaria de 2021 se hacía con la promesa de que, en el corto y mediano plazo, la balanza se equlibrara entre ciudadanos y unidades productivas.
