Desde 2020 la Misión de Empleo, liderada por Santiago Levy, economista de la Universidad de Boston con máster en Economía Política, y Darío Maldonado, director de investigaciones de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, dio a conocer los principales resultados de una iniciativa que busca ser base de formalización laboral en Colombia en el futuro más inmediato.
La misión presenta los resultados en un momento crítico para el país, justamente porque entre las principales consecuencias de la pandemia se tiene un aumento de la tasa de desempleo, que en noviembre del año pasado bajó a la barrera del 10 %.
Esto último haciendo la salvedad de que todavía está pendiente la tarea de recuperar un millón de puestos formales de trabajo en Colombia.
“Por causa de la pandemia y la recesión que la acompañó algunos indicadores de empleabilidad se resintieron considerablemente. Alcanzamos un total de 4,2 millones de desempleados y el total de trabajadores cayó a 17,2 millones”, dijo Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Con esto de base, Botero aseguró que para los próximos gobiernos quedan los pendientes de reducir la tasa de desempleo para llegar a un solo dígito, plan que debe sustentarse en el crecimiento económico y productividad. También queda el desafío de reducir brechas de género y de incluir más jóvenes al mercado laboral colombiano.
La visión que tiene la Misión
Una primera gran conclusión da cuenta de que el mercado laboral en Colombia “funciona muy mal” pues la mayor parte de los trabajadores colombianos no tiene una buena protección social y genera empleos precarios, con pocas oportunidades de mejora.
Esto tiene múltiples explicaciones, entre ellas: los incentivos de la protección social asociados a la forma que se financia. Levy explicó que Colombia tiene además un salario mínimo muy alto en comparación con sus pares de la región y en comparación con la distribución salarial.
Adicionalmente, el mercado laboral de Colombia, explicó la Misión, no conecta con las necesidades más importantes de productividad y las mayores demandas de las empresas en el país. Con esto de base, la Misión recomienda mejorar mediante varias reformas, cambios que no deben darse todos al mismo tiempo.
El marco jurídico de Colombia en materia laboral, a ojos de la Misión, es muy complejo. “La legislación separa a los trabajadores por su relación con el mercado laboral. De entrada, el marco jurídico segmenta y ese marco puede ser cumplido o no cumplido (cuando se les conoce como informales) por las empresas y trabajadores”, agregó Levy.
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Lo anterior se acompaña con el hecho de que, según el informe, en Colombia cada año hay cerca de 3,2 cambios a la regulación laboral, ya sea por leyes, decretos o pronunciamientos de altas cortes.
Un panorama complejo
La Misión destaca que en Colombia hay cerca de siete millones de empresas, la inmensa mayoría es de uno a tres trabajadores, y de esos empleos, la gran mayoría son trabajadores informales. En el caso de empresas grandes hay cerca de 72.000 firmas. “Hay una distribución muy sesgada en el país, por lo que el empleo en Colombia está altamente disperso”, complementó Levy.
Casi el 60 % de la fuerza laboral en Colombia lo hace por cuenta propia o en empresas pequeñas, lo que deja al país como uno de los más altos en ese rubro en comparación con los pares de la región.
A esto último se suma que el sistema pensional es particularmente complejo, dijo la Misión de Empleo, pues tiene sistemas que conviven, permiten cambios entre sí y no garantizan que una persona que cotiza pueda llegar a acceder a una jubilación.
Ahora, del lado de la parafiscalidad, “los aportes representan de facto un impuesto a la contratación formal, que se suma al asociado a las pensiones, y al desincentivo a la formalidad que genera el Régimen Subsidiario de Salud”, complementa el informe de la misión.
De otro lado, el análisis también evidencia los efectos del salario mínimo y uno de los hallazgos tuvo en cuenta que, a mayor salario mínimo, mayor el número de trabajadores por cuenta propia con ingresos abajo de ese umbral.
También se evidenció que el salario mínimo es la puerta de entrada a la formalidad y a una pensión, aunque mientras más alto es este, “más angosta es la puerta”.
Puntos finales de recomendación
A manera de conclusión, la Misión recomienda entonces pensarse en un proceso de varias reformas cuya velocidad y secuencia depende de consensos políticos, consideraciones fiscales y otros factores.
“El problema es profundo, complejo y requiere de un cambio estructural. (…) Hay que extender y mejorar la protección social para los trabajadores. La fecha es arbitraria, pero la pregunta es de gran relevancia: en el 2030, ¿a dónde se quiere llegar?
Con esto de base, se expusieron algunos lineamientos generales: mejorar los servicios de salud, una pensión ciudadana no contributiva, una pensión contributiva complementaria, seguro de invalidez y de vida, seguro de desempleo, seguro de accidentes de trabajo y compensaciones por despido.
Así mismo, es importante separar las funciones del salario mínimo, como piso y como umbral. Como piso reconocer las especificidades del trabajo rural, entre otros. Del lado del umbral, desvincular las pensiones del salario mínimo.
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Adicionalmente usar la pensión no contributiva como garantía de pensión mínima y desvincular las aportaciones de los trabajadores para las pensiones de retiro y seguros de invalidez y muerte, concluyó a Misión.
Finalmente, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo de Colombia, aseguró sobre el informe de la Misión que Colombia parece entonces enfrentarse a un panorama sumamente retador.
“Las reformas deberán darse paulatinamente y no puede meterse en la misma bolsa varios temas de cuidado para el sistema laboral colombiano. La informalidad es una realidad y sabemos que debemos asumirla y entenderla”, dijo Cabrera.
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