En 2021, Colombia vivió uno de los paros nacionales más extensos de su historia reciente. El 28 de abril, el paro, que exigía mejores condiciones económicas y el retiro de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, supuso un reto importante para una economía que ya venía resentida a cuenta de la pandemia.
Bloqueos que llevaron a varios productores a desechar sus cosechas, así como el impedimento de circulación y las afectaciones al comercio pasaron factura a la economía del país.
Con la reforma tributaria retirada y una serie de acuerdos, el paro nacional se fue diluyendo pero igual dejó pérdidas que, según el Gobierno, rozaron los $10 billones. Al tiempo que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) habló de un monto más cercano a los $6,8 billones.
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En ese contexto, el Gobierno se vio en la necesidad de activar más políticas públicas que protegieran a los empleos en Colombia y los ingresos de los trabajadores.
Cifras del programa
El Programa de Apoyo a Empresas Afectadas por los bloqueos y vías de hecho que se llevaron a cabo en el marco del paro fue sustancial en la meta por mantener a flote varios de los puestos de trabajo en riesgo.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de controlar y verificar el correcto cumplimiento de las normatividades que rigen el Sistema de Seguridad Social en Colombia, dio a conocer parte de los resultados de ese programa.
Fueron destinados poco más de $107.000 millones para darles una mano a los empleadores que se vieron golpeados por los problemas de orden público en el paro nacional.
Los subsidios a la nómina entregados en ese sentido, equivalentes al 20 % de un salario mínimo para las empresas que hubieran informado una caída del 20 % en sus ingresos por la coyuntura, fueron importantes para apoyar a 12.684 empleadores.
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Cifras de la UGPP dan cuenta además de que se protegieron 441.726 puestos de trabajo gracias al apoyo del Gobierno.
Hay que recordar que, en el marco de esta iniciativa, se aceptaron a personas jurídicas, personas naturales con dos o más trabajadores reportados en PILA de febrero 2021, consorcios o uniones temporales y patrimonios autónomos declarantes del impuesto de renta.
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