Contralor pide a EPM, constructores y aseguradoras llegar a acuerdos en Hidroituango

Felipe Córdoba, quien aseguró que está buscando que tanto EPM como los constructores y aseguradores de Hidroituango lleguen a un acuerdo.

Contralor pide a EPM, constructores y aseguradoras llegar a acuerdos en Hidroituango
Foto: Felipe Córdoba, contralor general de la República.

Valora Analitik habló con el contralor general de la República, Felipe Córdoba, quien aseguró que está buscando que tanto Empresas Públicas de Medellín (EPM) como los constructores y aseguradores de Hidroituango lleguen a un acuerdo, para pagar el fallo fiscal por $4,3 billones.

Según el funcionario, desde el día cero ha buscado que sean las aseguradoras las que respondan por los recursos perdidos en la construcción de la hidroeléctrica, tras la crisis generada en el 2018. Lea más en Empresas.

Si lo anterior se logra, dijo Córdoba, la Contraloría daría por cerrado el proceso, teniendo en cuenta que se recuperaron los recursos.

Eso sí, en caso de que las aseguradoras no paguen lo correspondiente, la entidad de control iría por los responsables del hecho, que incluye a contratistas y constructores.

No obstante, Córdoba está comprometido para que esta situación tenga un buen desenlace.

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De hecho, tal es su preocupación, que fue él quien citó a la reunión realizada hace dos semanas en Casa de Nariño, donde se buscó darle solución al tema, considerando la importancia del proyecto para el país.

Tanto allí como en diálogo con Valora Analitik, les envió un mensaje a EPM, los constructores y las aseguradoras, para que lleguen a un acuerdo definido de plazos de pago y montos a pagar de las aseguradoras.

Sobre todo, teniendo en cuenta que el próximo 31 de diciembre, la Alcaldía de Medellín debe definir si se renueva el contrato con el actual consorcio o se cambian a los responsables.

De otro lado, el contralor Córdoba se refirió a la recusación que presentaron en contra de la entidad para este caso. Explicó que esto evidentemente demorará la resolución de un fallo final, que puede tomar hasta varios meses. “Hasta que no se resuelva, no habrá decisión definitiva”, aseguró.

Y concluyó diciendo que, a pesar de su intención de que se llegue a un buen término en el caso, su deber es garantizar que los recursos públicos no se pierdan.

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