Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2022.
El monto del presupuesto, que ya se había fijado en $350,4 billones, establece entonces que para servicio a la deuda se van a destinar $71,7 billones (frente a los $70,5 billones aprobados para la vigencia de 2021).
Ahora, para inversión se van a destinar $69,6 billones, el rubro crece entonces $11 billones en comparación con los $58 billones aprobados para 2021. Para funcionamiento el rubro cierra en $209,1 billones.
Presupuesto por sectores
Para el proyecto aprobado, educación será el de mayores recursos para 2022: recibirá $49,4 billones y supera los $47 billones que fueron aprobados para 2021.
El segundo segmento con más recursos es defensa, que tendrá casi $42,6 billones y sube desde los $39 billones que fueron destinados para 2021.
En tercer lugar, aparece salud, para el cual se van a destinar $41,8 billones ($36 billones fueron aprobados en 2021).
En cuarto y quinto lugar aparecen trabajo ($34,6 billones) y Hacienda ($24,2 billones). Sigue inclusión social ($23,1 billones). Mientras que para transporte se van a destina cerca de $13,6 billones.
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Cálculos del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que este presupuesto será servirá para que Colombia pueda crecer arriba del 4 % en 2022.
José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Colombia ya había manifestado que este presupuesto se financiará, en mayor medida, con $170,8 billones por impuestos, tasas, multas, sanciones (ingresos corrientes); y en segundo lugar con $146,4 billones por recursos de capital.
Otros cambios: no va traslado exprés, sí cambio a Ley de Garantías
Al final, y luego de que varios analistas que se opusieran a la medida (incluida también Asofondos), el proyecto aprobado por el Senado y la Cámara eliminó el artículo que permitía el traslado exprés de régimen pensional desde fondos privados a Colpensiones.
Ese artículo establecía que en la vigencia 2022 se permitiera el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (gestionado por los fondos privados) al Régimen de Prima Media (Colpensiones).
El traslado será para hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47 años, que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.
El plan tiene un costo de $3,8 billones para el Gobierno Nacional y, según había manifestado semanas atrás el Ministerio de Hacienda, “no representa una carga fiscal tan significativa”.
El Congreso en pleno avaló en cambio el artículo que ya había generado polémica entre empresarios y bancadas políticas, por medio del cual se elimina parte de la Ley de Garantías y se permite a gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas celebrar contratos o convenios con recursos públicos incluso cuatro meses antes de las elecciones.
Hay que recordar que en marzo del próximo año se llevarán a cabo elecciones a Congreso y en mayo será la primera vuelta Presidencial en Colombia.
Para el Gobierno la aprobación del artículo es sustancial pues permite reactivar la economía. “Este artículo tiene el propósito de generar empleo. Lo que los ciudadanos reclaman oportunidades de inversión y empleo para los colombianos”, dijo el ministro de Hacienda.
Entre otras disposiciones también se incluye que, durante la vigencia fiscal de 2022, con los recursos del Fondo de Seguridad Vial administrado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “se podrán financiar proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial y de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías, hasta por la suma de $70.000 millones”.
Finalmente, se aprobó que la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – Covid 19, creada en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 y la vía libre para que el Gobierno Nacional incorpore al Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022 “los saldos no comprometidos en la vigencia de 2021 financiados con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome)”.
